La sostenibilidad del sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más críticos, según lo advirtió el viernes 11 de abril la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) como parte de una sesión técnica sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La reunión formó parte de un ciclo de cinco sesiones convocadas tras una orden de la Corte Constitucional, en las que se analizan en profundidad los factores que hoy están poniendo en jaque la estructura financiera del modelo de aseguramiento en salud.
Uno de los puntos más preocupantes discutidos en la tercera jornada fue el acelerado deterioro de la siniestralidad, es decir, la relación entre lo que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) reciben por afiliado y lo que deben gastar para garantizar la atención. El análisis de Acemi no dejó lugar a dudas, en 2024, por cada 100 pesos que ingresaron al sistema, las EPS tuvieron que gastar 109,5 pesos en promedio, sin contar los costos administrativos. “Esto representa un déficit estructural que compromete la viabilidad misma del sistema”, advirtió la asociación.
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El desfase entre ingresos y egresos se tradujo en un hueco financiero de 5,95 billones de pesos en lo corrido del año. Y esa cifra aún podría ser conservadora, ya que no incluye la información contable de la Nueva EPS, la entidad con el mayor número de afiliados, que no ha entregado sus datos financieros actualizados.
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De forma paralela, el gasto administrativo del sistema alcanzó los 5,2 billones de pesos, lo que eleva el desbalance total a cifras aún más alarmantes. Las consecuencias no se hicieron esperar, EPS con dificultades crecientes para pagar a clínicas y hospitales, aumento de las deudas cruzadas entre actores del sistema y una creciente incapacidad para constituir las reservas técnicas exigidas por la ley.
La siniestralidad no es un fenómeno nuevo, pero sí mostró una escalada constante. Mientras que en 2021 se ubicaba en 100,9%, tres años después ya superó el 109%. Este deterioro progresivo tiene una implicación directa sobre la deuda actuarial del Estado con el sistema de salud. Según las proyecciones de Acemi, esa deuda oscila entre el 1,5% y el 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a una carga de entre 26,3 y 33 billones de pesos.
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Uno de los elementos estructurales detrás de esta crisis, señaló la asociación, es que el presupuesto asignado al sector salud no creció al mismo ritmo que las necesidades médicas de la población. Aunque durante la pandemia de COVID-19 se inyectaron recursos extraordinarios, desde 2017 la participación del sector salud en el PIB se mantuvo congelada, lo que agrava la brecha entre la demanda de servicios y la capacidad real de financiamiento.
En este contexto, Acemi aprovechó el espacio para reiterar varias peticiones al Ministerio de Salud, entre ellas el acceso oportuno a la documentación técnica que se discutirá en las sesiones y la entrega anticipada de bases de datos. También solicitaron mayor tiempo de exposición y mejores recursos audiovisuales para garantizar que los análisis sean comprensibles, rigurosos y completos. En un tono enfático, agregaron, “se solicitó evitar cualquier señalamiento o juicio de valor durante los encuentros, recordando que se trata de espacios eminentemente técnicos”.
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La situación, según los voceros del gremio, no solo compromete la estabilidad financiera del sistema, también el derecho efectivo a la salud de millones de colombianos. La descapitalización progresiva de las EPS pone en riesgo su operación diaria y amenaza con la interrupción de servicios en distintas regiones del país.
La mesa de análisis continuará su trabajo en las próximas semanas. La cuarta sesión, programada para después de Semana Santa, se centrará en el impacto de las nuevas inclusiones que se han hecho en la prima UPC, es decir, los nuevos servicios y tecnologías que el sistema debió cubrir sin que ello haya estado acompañado de un aumento proporcional en los ingresos por afiliado.
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