El viernes 11 de abril de 2025 se conoció que el contratista Emilio José Tapia Aldana, involucrado en algunos de los escándalos de corrupción más sonados del país, entre ellos: el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Centros Poblados, obtuvo libertad condicional luego de cumplir 48 meses de prisión.
La decisión fue tomada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y se basó en el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a este beneficio judicial.
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Tapia estaba recluido en la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla, y en diciembre de 2024 fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión, tras firmar un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad como uno de los principales artífices del desfalco en el contrato de conectividad rural adjudicado al consorcio Centros Poblados.
Este contrato, por más de un billón de pesos, fue revocado luego de descubrirse el uso de garantías bancarias falsas y múltiples irregularidades en su ejecución.
El juzgado encargado de la ejecución de la pena consideró que Tapia ha mostrado avances en su proceso de resocialización. En el fallo se destaca: “La evaluación de arraigo familiar y social del señor Emilio Tapia Aldana demuestra que cuenta con una estructura de apoyo robusta que favorece su reintegración a la sociedad”.
Además, se valoró su comportamiento durante el tiempo de reclusión, lo cual se tradujo en una percepción favorable sobre su disposición para reinsertarse adecuadamente en la vida civil. La decisión, emitida oficialmente el 28 de marzo mediante el auto 060, fue conocida esta semana por la opinión pública.
Procuraduría rechazó la decisión y anunció apelación
La Procuraduría General de la Nación anunció que apelará la decisión, argumentando que liberar anticipadamente a una persona condenada por actos de corrupción de gran impacto pone en duda la efectividad del sistema penal.
En el documento de apelación, conocido por Caracol Radio, se solicita expresamente la revocatoria del auto que le otorgó la libertad condicional a Tapia. Allí, el agente del Ministerio Público sostiene que:
“Su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión no es suficiente para suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena”, asegura el Ministerio Público, haciendo énfasis en que la magnitud del daño causado al Estado y la gravedad de los hechos deberían tener un mayor peso en este tipo de decisiones.
La apelación busca que el caso sea revisado nuevamente por una autoridad superior, con el fin de evaluar si, en efecto, se cumplieron todos los criterios de legalidad y proporcionalidad.
¿Qué hizo Emilio Tapia?
El empresario Emilio Tapia volvió a estar en el centro de la controversia judicial luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente el 24 de mayo de 2023 por su papel en el escándalo de corrupción relacionado con la Unión Temporal Centros Poblados, así como por presuntas irregularidades en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.
En cuanto al caso de Centros Poblados, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía revelaron que Tapia fue clave en la creación fraudulenta de la unión temporal, utilizando información falsa con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos en la contratación estatal. De esta manera, logró que el millonario contrato para llevar conectividad a zonas rurales del país fuera adjudicado a su grupo.
Una vez se firmó el contrato, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) desembolsó un anticipo por 70.000 millones de pesos; de ese monto, Tapia habría recibido 6.182 millones de pesos. Según las investigaciones, giró 1.118 millones a los empresarios que le “prestaron” su experiencia para constituir la unión temporal, mientras que los 5.064 millones restantes los destinó a gastos personales.
Con ese dinero, el contratista habría adquirido bienes de lujo, como apartamentos, vehículos de alta gama, tiquetes aéreos, obras de arte, y también habría pagado honorarios a sus abogados.
Este escándalo se suma a su prontuario judicial previo. En 2015, Emilio Tapia ya había sido condenado a 17 años de prisión por su participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. En aquel entonces, reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la adjudicación y ejecución irregular de los contratos 071 y 072 de 2007, destinados a mejorar la malla vial de la ciudad.
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