Este martes 1 de abril, Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, presentó ante el Consejo de Estado una nueva solicitud para que se inicie un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro.
Según Fiesco, el mandatario no ha cumplido con la orden de rectificación de declaraciones que el alto tribunal le impuso en un fallo del pasado 6 de marzo.
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El documento, dirigido al magistrado Pedro Pablo Vanegas, insiste en que el jefe de Estado no ha acatado el mandato judicial, pese a que han transcurrido casi cuatro semanas desde su notificación.
“Abrir definitivamente el incidente de desacato por la clara renuencia dolosa del accionado a cumplir el fallo de tutela. A casi un mes de la fecha en que se notificó el fallo de tutela, es injustificable que no se haya cumplido con lo allí dispuesto”, señala la petición presentada por el activista.
El 17 de marzo, Fiesco ya había elevado un incidente de desacato con el fin de que el tribunal verificara si Petro había cumplido la orden de rectificación. En respuesta, el Consejo de Estado concedió un plazo de 48 horas para que la Casa de Nariño informara sobre las acciones adoptadas en cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, de acuerdo con Fiesco, esa respuesta no se produjo dentro del término estipulado.
Ante la falta de respuesta, el activista decidió insistir con un nuevo recurso, el cual deberá ser analizado en los próximos 10 días hábiles. Con esto, el Consejo de Estado determinará los pasos a seguir frente al presunto incumplimiento del fallo.
El origen de la controversia radica en unas declaraciones que el presidente Petro hizo contra la oposición y los ciudadanos que han participado en manifestaciones en su contra. Fiesco interpuso una acción de tutela argumentando que las afirmaciones del mandatario vulneraban derechos fundamentales, lo que llevó al Consejo de Estado a ordenar la rectificación.
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el cumplimiento de la decisión judicial ni sobre la solicitud presentada por el activista.
Decisión del Consejo de Estado sobre la bandera del m-19
El Consejo de Estado negó una tutela que pedía restringir al presidente Gustavo Petro el uso de la bandera del M-19 en actos públicos. La acción judicial fue presentada por Duverney Ardila Germán de Ribón, quien alegaba que esa práctica podía interpretarse como apología a la violencia y una ofensa para las víctimas del conflicto armado.
El alto tribunal consideró que la conducta del mandatario está dentro de su derecho a la libertad de expresión y no constituye una exaltación de hechos violentos. Según el fallo, no se encontró evidencia de que la exhibición del símbolo afecte derechos fundamentales o infrinja los límites constitucionales del cargo.
El jefe de Estado, por su parte, hizo una publicación en su cuenta de X en la que no solo celebró la decisión del Consejo de Estado, sino que habló de la historia de la extinta guerrilla. “Insisto que la bandera del M19 es legal”, dijo.
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En su publicación, el mandatario destacó: “Insisto que la bandera del M-19 es legal por acuerdo de paz de 1989, y que es parte de la historia de un partido político, también legal, la ADM-19, que cambió su nombre por partido Verde”. Además, compartió un video de una manifestación legal del M-19 en la Plaza de Bolívar en 1984, para respaldar su argumento.
El presidente Gustavo Petro recordó el contexto histórico del M-19, señalando que surgió en 1970 luego de las elecciones presidenciales de ese año. “Es apenas 14 años después del triunfo presidencial de la ANAPO del general Gustavo Rojas Pinilla a quien hicieron fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970. Por eso surgió el M-19″, dijo.
Explicó cómo el grupo pasó de ser legal a clandestino, se armó en 1974 con el apoyo del movimiento tupamaro de Uruguay, y luego se legalizó nuevamente en 1984. Tras un proceso de paz fallido, el M-19 abandonó las armas en 1989, y en 1990 ganó las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. “Ya no es con las armas pero siempre con el pueblo”, dijo, destacando el cambio de estrategia y la transición hacia la nueva Constitución de 1991.
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