En la tarde del lunes 10 de marzo de 2025, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la decisión judicial que ordena embargar las cuentas del Gobierno nacional como medida para garantizar el pago de deudas pendientes con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales.
Según el mandatario local, el Ejecutivo adeudaría varios subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3 que no han sido cancelados desde 2024, así como aportes a proyectos de movilidad en la ciudad.
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Los antecedentes del conflicto financiero
El alcalde Gutiérrez relató que, durante meses, intentó un acercamiento con el Gobierno para subsanar las obligaciones económicas derivadas, principalmente, de los subsidios a la tarifa de energía.
Estos tienen como fin aliviar el pago del servicio en las poblaciones más vulnerables y, de acuerdo con la normativa nacional, le corresponde al Estado reembolsar dichos montos a las empresas operadoras.
Sin embargo, Gutiérrez aseguró que el Estado no cumplió con los plazos pactados, lo que impulsó a EPM y a sus subsidiarias, como Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens) o Afinia, a iniciar acciones legales.
En su mensaje, el mandatario enfatizó que la deuda lleva casi un año en mora, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los operadores y el normal funcionamiento de los servicios públicos.
En su mensaje, el alcalde también le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se cumpla con la Constitución y la ley”.
Además, Gutiérrez recordó que, más allá de los subsidios, el Estado adeudaría otras partidas, como la destinada a la construcción y ampliación de la red de Metro de la 80 en Medellín.
Las decisiones judiciales reveladas
El alcalde publicó dos documentos judiciales que dan cuenta de la medida cautelar y el mandamiento de pago expedidos por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá.
Se trata de un proceso ejecutivo adelantado por la filial Cens en contra del Gobierno nacional, representada por los Ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda. En este proceso, el juzgado dispuso:
- Embargo y retención de dineros: las cuentas corrientes, de ahorros, CDT y demás productos bancarios a nombre del demandado, es decir, el Gobierno nacional, quedarán embargadas hasta cubrir el monto de 83.309.102.450 pesos, según la primera orden judicial.
- Mandamiento de pago: el juez libró un mandamiento contra la nación para cancelar 41.654.551.225 pesos en capital adeudado, más 5.258.957.894 pesos de intereses moratorios, y los que se generen desde la presentación de la demanda.
Los documentos muestran la contundencia de la determinación: ante el incumplimiento, el juzgado habilita la posibilidad de congelar las cuentas estatales y retirar los fondos necesarios para satisfacer los compromisos.
Una situación poco usual en la relación entre un ente descentralizado y el propio Estado, pero que subraya la urgencia de la deuda.
Las declaraciones de Federico Gutiérrez
El alcalde aprovechó las redes sociales para resumir la situación: “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno nacional por deudas con EPM y sus filiales... Le pido al presidente Petro que pague lo que debe”.
Gutiérrez mencionó que, en el caso específico de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, el juzgado ya actuó, mientras que existen otros procesos similares en curso a favor de Afinia y demás subsidiarias.
Asimismo, recordó el conflicto relacionado con los aportes para el Metro de la 80, afirmando que la administración Petro había pospuesto el giro correspondiente a 2024 y el previsto para 2025.
“Demandamos el no pago de los aportes del Metro de La 80 de la vigencia 2024, como también demandamos el decreto de presupuesto donde aplaza el pago de 2025″, se lee en la publicación del alcalde de Medellín.
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