Se destapó un nuevo escándalo de corrupción dentro del Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que involucra el sistema de salud que la actual administración ha intentado, sin éxito, cambiar con proyectos de ley en el Congreso de la República.
De acuerdo con información de W Radio, dentro del sector salud se estableció un lucrativo negocio que implica a clínicas, centros de análisis médicos, farmacias y otros operadores de salud, con el que han desviado miles de millones de pesos a República Dominicana de un sistema que se enfrenta a una grave crisis.
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El abogado Harold Hernández aseguró haber sido víctima de esta controversial red que estaría afectando el sector de la salud del país. Desde su experiencia, explicó cómo es el modus operandi con el que se pierden los recursos de la salud de los colombianos.
“El modus operandi funciona de la siguiente manera, a partir del momento en que las clínicas son construidas, asume el control el ciudadano dominicano José Ramón Díaz Sosa, en octubre de 2023. Durante ese periodo, hasta septiembre de 2024, por un reporte que hizo la Superintendencia de Salud, se giraron 59.000 millones de pesos a través de Asmet Salud, Emssanar EPS y S.O.S. Salud, todas controladas desde la sombra por Mario Andrés Urán (…) La Fiscalía lo que está investigando son esos giros que se hicieron desde Colombia a República Dominicana”, aseguró al medio citado.
En el entramado de corrupción estarían implicados varios funcionarios cercanos al gobernante de los colombianos, que presuntamente habrían movido fichas para facilitar el desvío de recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Sin embargo, sorprendió que apareciera en la lista el nombre de la canciller de Colombia, Laura Sarabia.
Según la investigación que adelantó W Radio, la alta funcionaria habría jugado un rol fundamental en el desvío de recursos, ya que además de tener conocimiento sobre los movimientos bajo cuerda supuestamente tuvo influencia en la salud de Luis Carlos Leal, entonces superintendente de salud que estaba liderando la investigación del caso. “Tres fuentes distintas aseguran que Sarabia recibiría parte de las ganancias generadas por las IPS beneficiadas en este esquema”, afirmaron desde presidencia.
El millonario desfalco al sector salud provocó el rechazo de los miembros de la bancada de Gobierno y los de oposición. Cathy Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, utilizó sus redes sociales para cuestionar al Gobierno. De igual manera, tildó de hipócritas a los funcionarios implicados en el escándalo, por refugiarse en una administración que supuestamente busca defender los derechos de los colombianos.
“¿O sea qué funcionarios del gobierno del cambio, el mismo que nos acusa a todos los críticos de la reforma a la salud de dizque defender a las EPS, son los que están desviando los dineros de la salud en alianza con una EPS y un grupo nutrido IPS? Vaya. Quién lo habría imaginado”, escribió en su cuenta de X.
A las críticas de Juvinao se sumaron las de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que en la misma plataforma exclamó que es inaceptable que la persona encargada de representar a Colombia en el exterior esté vinculada, aunque sea indirectamente, con un caso de esta magnitud.
“Luego de las denuncias de La W sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal, ¿es bueno para Colombia tener una Canciller que esté mencionada en este escándalo?”, escribió haciendo referencia a la vinculación de Sarabia en el caso.
A propósito, Bolívar sostuvo que la presunta participación de la canciller no representa la idea política que defiende Petro.
“El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y como dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer”, resaltó.
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