La situación de orden público en el departamento del Valle del Cauca sigue siendo crítica, después de que el personero del municipio de Palmira, William Andrey Espinosa, denunciara el recrudecimiento de la violencia en la región, además del deterioro de la seguridad.
Incluso, Espinosa advirtió que en el Valle también hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales que han sembrado temor entre la población.
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De acuerdo con las declaraciones del funcionario publicadas en la página oficial de la Personería, la situación en municipios como Palmira, Jamundí, Cali, Tuluá, Buenaventura, Florida, Pradera, El Cerrito y Riofrío es alarmante.
Espinosa destacó que estos territorios se han convertido en escenarios de disputas territoriales entre actores armados, lo que ha derivado en ataques terroristas y afectaciones directas a la población civil.
“Hoy el Valle del Cauca y sus 42 municipios atraviesan un desalentador panorama que preocupa a los personeros municipales, a las autoridades y a todos los vallecaucanos debido al incremento de la violencia con múltiples ataques terroristas y afectaciones que dejan heridos, convirtiendo estas zonas en un campo de disputa territorial en los municipios de Riofrío, Jamundí, Cali, Tuluá, Buenaventura, Florida, Pradera, El Cerrito y Palmira”, señaló Espinosa.
Ante la crítica situación de orden público, el personero hizo un llamado al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro para que priorice la protección de las comunidades más vulnerables y garantice el respeto por los derechos humanos, el derecho a la vida y la paz en la región.
“Como personero de Palmira y como presidente de la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, hacemos un llamado urgente al señor presidente de la República y al Gobierno Nacional ante la grave crisis de orden público que vive nuestro departamento”, continuó el funcionario.
Según la información de la Personería municipal, Palmira, particularmente en sus zonas rurales, no ha escapado a esta problemática.
De acuerdo con el funcionario, en el corregimiento de Potrerillo se ha registrado la presencia de actores armados ilegales que han generado un clima de inseguridad y zozobra entre los habitantes.
Este fenómeno, explicó, es un reflejo de la situación que atraviesa todo el departamento, donde los ataques y enfrentamientos entre grupos armados han puesto en riesgo la vida de los civiles.
El personero hizo énfasis en que es imperativo tomar medidas concretas para contrarrestar el accionar de estas estructuras ilegales.
“Recientemente en el corregimiento de Potrerillo, aquí en Palmira, se ha registrado presencia de actores armados que hacen parte de estructuras ilegales que atemorizan a nuestra población”, afirmó Espinosa.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana para los municipios de Florida y Pradera, debido al impacto de las acciones de grupos armados ilegales en estas localidades.
Según detalló Espinosa, esta advertencia es un reflejo de la gravedad de la situación en el Valle del Cauca, donde los ataques y las disputas territoriales han escalado en los últimos días.
Entretanto, la violencia en el Valle del Cauca ha alcanzado niveles alarmantes debido a la expansión y enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales, según informó la Defensoría del Pueblo.
En particular, los municipios de Florida y Pradera se encuentran bajo una alerta temprana de riesgo de “inminencia”, emitida el pasado 28 de enero de 2025. Este tipo de alerta, de acuerdo con la normativa vigente, debe ser remitida al Gobierno Nacional en un plazo máximo de 48 horas tras conocerse la situación de riesgo.
La región es escenario de una disputa territorial entre las disidencias de las Farc, específicamente el Frente Adán Izquierdo y el Frente Dagoberto Ramos, que operan en Pradera y Florida, respectivamente.
A esta pugna se suma el Frente 57 Yair Bermúdez, una facción disidente que desde 2023 busca expandir su control en la cordillera central, afectando no solo el centro del Valle, sino el Norte del Cauca.
Según detalló la Defensoría del Pueblo, esta confrontación ha generado desplazamientos forzados, asesinatos de campesinos e indígenas, y el reclutamiento de menores de edad en las zonas rurales.
El impacto de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales no se limita a los desplazamientos. Según estadísticas del Ejército Nacional, entre 2024 y lo que va de 2025, se han recuperado 34 menores que habían sido reclutados por estas organizaciones. Uno de los casos más recientes involucra a un joven que escapó del Frente 57 Yair Bermúdez y se entregó a las autoridades portando un fusil, municiones y un radioteléfono.
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