El caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), continúa dando de qué hablar. El jueves 5 de diciembre, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reveló en entrevista con la revista Semana que seis miembros de la Policía Nacional, incluidos varios oficiales, están vinculados al caso.
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Este anuncio intensificó la controversia en torno a Meza, quien trabajó para Sarabia, una de las figuras más prominentes del gobierno de Gustavo Petro.
La implicación de los uniformados ha desatado un debate sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y el poder político, además de la conducta ética de los agentes de la Policía en situaciones que involucran a personajes de alto perfil.
La procuradora Cabello aseguró para el medio mencionado que se tomarán medidas contundentes para esclarecer el papel de estos policías en el caso, lo que subraya la urgencia de una investigación imparcial y transparente.
Durante el programa El Debate, la alta funcionaria explicó que “impusimos ya pliego de cargos por las interceptaciones ilegales que se hicieron dentro de toda esta investigación de Marelbys Meza. Impusimos pliego de cargos contra seis funcionarios de la Policía: dos mayores, dos capitanes, un intendente y un patrullero”.
Cabello reveló también que la Procuraduría tiene pruebas que sugieren que varios uniformados de la Policía Nacional habrían violado la ley al realizar interceptaciones ilegales a las comunicaciones de la exniñera del hijo de Laura Sarabia, directora del Dapre.
La procuradora General detalló que no se trató de una sola interceptación ilegal, sino de dos.“Y algo más. No solamente la interceptación en el momento; la primera interceptación de la que se ha hablado, sino que encontramos irregularidades adicionales, en el sentido en que la línea de Marelbys Meza ya había sido intervenida en otra investigación contra el Clan del Golfo (…)”
Ambas situaciones ocurrieron después de la pérdida de una considerable suma de dinero en la residencia de Sarabia, donde Meza trabajaba como niñera. La funcionaria agregó, en el contexto mencionado, que “todo se ha centrado en la famosa interceptación a Marelbys y su pareja, y además a su amiga Lucelia Robles, quienes fueron presentadas como parte del Clan del Golfo, pero que previamente ya habían sido intervenidas en otra investigación contra dicho clan”.
En cuanto a los seis policías, Cabello enfatizó que incurrieron en faltas disciplinarias gravísimas y dolosas. “Porque falsificaron informes y utilizaron información fraudulenta para interceptar celulares que no pertenecían a personas del Clan del Golfo. Y, seguramente, en los superiores hubo una culpa gravísima por falta de supervisión adecuada”, detalló al programa El Debate.
Finalmente, la procuradora general aseguró que no hay duda de que las “chuzadas” ilegales a Meza y a su pareja se realizaron utilizando o entregando los teléfonos de ambos.
Agente de la Sijín explica por qué participó en las chuzadas contra Marelbys Meza
Freddy Alexánder Gómez, un agente de la Sijín, reveló que fue presionado para participar en un caso de corrupción relacionado con las grabaciones ilegales de Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia, directora del Dapre.
Según declaraciones recogidas por La FM, Gómez afirmó que fue utilizado como un “peón sacrificado” en el afán del capitán Óscar Mojica por obtener resultados en un caso que, según él, no le concernía.
Durante una audiencia, se firmó un preacuerdo que fue avalado por un juzgado, otorgando beneficios tanto a Gómez como a Rafael Santos Puentes, conocido como “la fuente humana”. Santos había proporcionado un testimonio falso para incriminar a Meza en el robo de dólares en la residencia de Sarabia. Ambos enfrentan condenas por fraude procesal, con penas que podrían superar los cuarenta meses de prisión.
Gómez relató que su negativa a participar en la manipulación fue recibida con amenazas de mayores repercusiones. Mojica le indicó que las órdenes provenían de “arriba”, sugiriendo que era un caso de interés para la Presidencia. En su desesperación, Gómez se sintió acorralado y cuestionó su situación, preguntándose si debía enfrentarse a la Presidencia y al Gobierno.
El agente expresó su arrepentimiento y solicitó que la justicia actúe con equidad, advirtiendo que hay más directivos de la Policía implicados en el caso de las chuzadas. “Que la administración de Justicia sea justa y que las demás personas que tienen que estar aquí las traigan pronto”, declaró Gómez, subrayando que generalmente los subordinados son los que enfrentan las consecuencias.
Gómez concluyó su declaración con un llamado a que la justicia llegue a la verdad, esperando que no solo se imputen cargos, sino que se lleve a todos los responsables ante la justicia.
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