En un contexto de preocupación creciente por las condiciones de atención en salud en el centro penitenciario La Picota de Bogotá, la Personería Distrital, encabezada por Andrés Castro Franco, alertó a la Superintendencia Nacional de Salud sobre supuestos casos de negligencia que afectaron gravemente a la población reclusa. Un informe reciente de la Personería detalló que las deficiencias en la prestación de servicios médicos terminaron siendo un factor determinante en la muerte de cinco internos en el transcurso de 2024, situación que generó críticas hacia el contratista de salud encargado.
La unión temporal Salud Central asumió la gestión de la atención médica en La Picota desde el 1 de agosto de 2024, luego de firmar un contrato con Previsora. Según el acuerdo, la entidad debía garantizar servicios de medicina general, atención a emergencias, diagnóstico y especialidades para los internos. Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones, la Personería recibió 67 quejas relacionadas con la atención en salud brindada, y durante todo el año se registraron 288 denuncias sobre este aspecto. Entre estos reclamos, dos casos de muerte fueron asociados directamente a la presunta negligencia del personal de Salud Central, que supuestamente no remitió a tiempo a los pacientes a un operador de salud externo.
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En uno de los incidentes, la atención médica intramural se demoró 20 minutos, periodo en el cual el paciente falleció antes de recibir auxilio. Actualmente, La Picota alberga a 7.272 reclusos y carece de equipo vital como desfibriladores, necesarios para responder de manera adecuada a pacientes con afecciones cardíacas severas. A esto se suma la falta de turnos médicos nocturnos, escasez de medicamentos y ausencia de servicio de fisioterapia, factores que incrementan los riesgos para la población penitenciaria, expone la Personería.
En la investigación realizada por la Personería, se destacaron otras falencias, como la falta de un sistema adecuado de refrigeración para medicamentos como la insulina. Estas carencias, que afectan a pacientes diabéticos que dependen de tratamientos específicos, llevaron a la Personería a exigir medidas urgentes.
En uno de los casos más preocupantes, se evidenció la inacción ante una posible agresión sexual a un interno. Pese a que se atendió al afectado en la sanidad de la cárcel, no se activó el protocolo de emergencia correspondiente, y se alegó que “no había sistema” disponible. Esta situación, ocurrida el 10 de octubre de 2024, resultó en un retraso de más de tres horas en la solicitud de remisión, generando descontento y alarma entre los reclusos y el personal de seguridad.
“Por ejemplo, lo ocurrido el pasado 10 de octubre de 2024, en horas de la mañana, oportunidad en la que se conoció de un presunto delito sexual contra un privado de la libertad, se adelantó visita administrativa para la verificación de la situación y se evidenció que si bien el interno se valoró en sanidad, no se activó un protocolo oportuno e inmediato, al parecer porque no había sistema”, narró el personero Andrés Castro Franco.
Ante la falta de respuesta efectiva, Andrés Castro enfatizó la necesidad de una intervención estatal en el sistema de salud de La Picota. Así mismo, la Personería de Bogotá solicitó una intervención urgente en la situación de salud dentro de las instalaciones carcelarias, enfatizando la necesidad de acciones rápidas y efectivas para mejorar las condiciones sanitarias y de atención médica de los reclusos.
La entidad advirtió que, si el estado de abandono y deterioro continúa sin respuesta, podría desencadenarse una situación de desobediencia civil entre los internos, quienes buscarían de esta manera hacerse escuchar y lograr atención a sus derechos básicos de salud. “A corto plazo se puede presentar desobediencia civil en búsqueda de ser escuchados”, señaló.
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