De acuerdo con el décimo primer informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que está conformado por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría General de la República, indicó que a la fecha se necesitan alrededor de 333.9 billones de pesos para poder indemnizar a 9.737.008 víctimas del conflicto que están reconocidas oficialmente en Colombia.
“Los cálculos de la Contraloría son 333.9 billones de pesos constantes de 2024, más de 300 billones de pesos, para cumplir con las medidas de asistencia y reparación integral”, afirmó la procuradora General Margarita Cabello.
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En 2024, la necesidad presupuestal para indemnizar a las personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas como consecuencia de los daños sufridos en medio del conflicto armado desde el 1 de enero de 1985, aumentó un 32,2% en comparación con el año anterior, en donde se requerían 252.4 billones de pesos.
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reveló el informe de seguimiento a la Ley 1448 de 2011, y advirtió que trece años después de la expedición de esta, únicamente han sido indemnizadas individualmente el 14% de las víctimas; es decir, 1.368.269 personas. “El 96% de la población víctima sigue clasificada todavía en un nivel de pobreza alto o en un nivel de vulnerabilidad, según la encuesta Sisbén IV”, dijo la funcionaria.
“De acuerdo con el DANE, entre 2020 y 2022, la pobreza monetaria no se redujo entre las víctimas, presentando un déficit del 51.6% frente al 36.6% del total nacional. La pobreza extrema aumentó entre las víctimas del conflicto armado, pasando de 13.2 en 2019 al 21.2 en 2022, es decir, una gran brecha que se duplica respecto de la población no víctima”, añadió.
Según el informe, se necesitan más de 118 billones de pesos para cubrir las necesidades de vivienda de estas personas víctimas de la violencia en el país; 83,6 billones de pesos para la indemnización individual y colectiva; 36.8 billones de pesos para que puedan generar ingresos; 12.9 billones de pesos para su subsistencia mínima, y otros 7.1 billones de pesos para garantizar que tengan acceso a la educación superior.
“Más del 77% de las víctimas tienen ese déficit y ha decrecido su participación en la asignación de los subsidios de vivienda. Aún más preocupante es el aumento de la brecha entre la población general y la población víctima en el acceso de vivienda, en 2013 la participación era del 73,4% y en 2023 un 11,9%”, comentó la funcionaria.
El documento señala que el año anterior se presentaron un total de 154 hechos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 21.156 familias, equivalente a 54.665 personas. Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, son los departamentos en donde la problemática es mayor y en donde las víctimas tienen más necesidades de atención.
“Aunado a lo anterior, en el informe se advierte que el Gobierno nacional no ha enfrentado los retos enunciados por la comisión en materia de reparación colectiva. Es necesario garantizar que el modelo cumpla con el alcance establecido en la ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015, también que atienda los rezagos”, subrayó Cabello.
Esta ley de víctimas tiene una vigencia de 10 años, que debía terminar en 2021, pero fue prorrogada 10 años más hasta el 10 de junio de 2031. La procuradora concluyó que “la prórroga de 10 años no es que sea gratuita, se evidenció que los 10 años iniciales no fueron suficientes. El cuestionamiento es por qué no fueron suficientes, por qué nos demoramos tanto. El mensaje no puede ni debe ser que los últimos 10 años vamos a seguir igual”.
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