En un discurso en Manizales, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia urgente sobre la situación económica de Colombia, afirmando que las industrias del café, el petróleo y el carbón están “muriendo”. Durante su intervención, Petro enfatizó la necesidad de un cambio radical en la política económica del país, señalando que esta transformación es esencial no solo por las demandas de la política nacional, sino también por las señales globales que indican un cambio inminente en los mercados internacionales.
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El presidente Petro destacó que estas economías tradicionales están enfrentando serios desafíos debido a diversos factores. “Pensamos hace 50 años que este era el camino de Colombia, pero se ha construido otro tipo de mentalidad, otra manera de entender las cosas y otra manera de financiar el estado. En mi opinión eso llegó a su final y empezamos a vivir una crisis”. En cuanto a las razones, el presidente Petro explicó en el caso de carbón que “cada vez vendemos menos carbón y no es por un decreto presidencial, es simplemente porque nos compran menos”.
Más impuestos al carbón
El presidente Gustavo Petro también dio a conocer sus planes para la próxima reforma tributaria, destacando su intención de reimponer impuestos más altos sobre el petróleo y el carbón. Esta medida busca revivir una disposición de la reforma de 2022 que fue anulada por la Corte Constitucional. En su declaración, Petro argumentó que estos sectores, que se enfrentan a una reducción global en la demanda, son el lugar más adecuado para aumentar la carga fiscal.
“Quitamos impuestos al turismo y energía limpia, sí, ¿y en dónde ponemos los impuestos? En primerísimo lugar, en el petróleo y el carbón, que la Corte Constitucional no quiso porque nos quitó media reforma tributaria”, explicó el mandatario. Aunque no detalló los mecanismos específicos de esta nueva carga impositiva, como si se reconsideraría la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta o se aplicaría otra figura, sí dejó claro que esta medida es una prioridad para su administración.
Es importante recordar que la Corte Constitucional había invalidado la primera versión de esta medida, lo que dejó al Gobierno con un déficit aproximado de $7 billones, según el Ministerio de Hacienda. En contraste con esta medida, el presidente Petro también mencionó su apoyo a la idea de reducir la tasa de renta corporativa para las empresas, como parte de su enfoque más amplio para la reforma tributaria.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, proporcionó detalles adicionales sobre las limitaciones de la reforma tributaria. Bonilla aclaró que no se ampliará la base de personas naturales sujetas a la declaración y pago de renta, ni se modificará el IVA en relación con los productos y servicios actualmente exentos o excluidos. Estas restricciones establecen dos líneas rojas cruciales para la reforma, marcando las áreas en las que el Gobierno decidió no realizar cambios.
¿Y la economía?
La reimposición de mayores impuestos al petróleo y al carbón por parte del presidente Gustavo Petro podría tener profundas implicaciones económicas para Colombia, afectando tanto el panorama fiscal como el sector energético y la inversión en el país.
El petróleo y el carbón son fundamentales para la economía colombiana, no solo en términos de exportaciones, sino también en la generación de empleo y desarrollo en las regiones productoras. Un incremento en la carga fiscal podría desincentivar la inversión en estos sectores, llevando a una posible reducción en la producción. Esto, a su vez, podría traducirse en una disminución de los ingresos fiscales a largo plazo, ya que menos inversión y menor producción significan menos regalías y menos impuestos corporativos.
Además, las empresas podrían responder a estos impuestos trasladando parte de la carga a los consumidores, lo que podría incrementar los costos energéticos y afectar a otros sectores económicos. En un contexto de transición energética global, donde la demanda por combustibles fósiles está en declive, imponer mayores cargas impositivas podría acelerar el proceso de desinversión en estas industrias en Colombia, afectando negativamente el empleo y la economía regional en las zonas mineras y petroleras.
Otro aspecto a considerar es el impacto sobre la competitividad del país. Un entorno fiscal más estricto podría hacer que Colombia sea menos atractiva para la inversión extranjera en el sector energético, especialmente si otras naciones productoras ofrecen condiciones más favorables. Esto podría tener consecuencias a largo plazo en la capacidad del país para atraer capitales y mantener su posición en los mercados globales.