La audiencia de conciliación entre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el senador Jota Pe Hernández, convocada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no llegó a buen término. El proceso penal por calumnia contra el congresista continúa su curso, según informó Carlos Hernán Escobar, abogado de la vicepresidenta.
Este conflicto legal tiene sus raíces en las declaraciones del congresista del Partido Verde, el cual insinuó una posible implicación de la segunda mandataria en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ante estas acusaciones, la vicepresidenta interpuso una querella penal, en el que exigía pruebas concretas o una retractación inmediata.
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Durante la audiencia de conciliación, los representantes legales de ambas partes intentaron llegar a un acuerdo que pudiera evitar un largo proceso judicial; sin embargo, las diferencias entre las posiciones de Márquez y Hernández fueron insalvables.
En su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Francia Márquez expresó su postura después de la audiencia, al indicar que el senador no tiene pruebas porque no existen, enfatizando que ella no está involucrada en el escándalo de corrupción en la entidad gubernamental.
“Informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el Senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones donde manifiesta no tener pruebas en mi contra no son el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos de corrupción. El proceso contra el senador continúa”, posteó Márquez.
Las insinuaciones del senador que llevó a la vicepresidenta a denunciarlo
La vicepresidenta presentó una denuncia por calumnia contra el senador, que sugirió sin evidencia alguna que ella estaba implicada en el escándalo de la Ungrd, en relación con presuntas irregularidades en la asignación de fondos destinados al contrato de carrotanques para llevar agua potable a comunidades desfavorecidas de La Guajira, en el que se vieron implicadas altos funcionarios.
El congresista Hernández afirmó en una entrevista a la revista Semana que la figura gubernamental mencionada por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, era la vicepresidenta. Intentando limitar el número de sospechosos, el parlamentario declaró: “Solamente hay dos opciones que se me vienen a la cabeza y que yo, como senador, tengo todo el derecho a preguntar: o es Verónica Alcocer, o es Francia Márquez”.
En respuesta a estas declaraciones, Márquez calificó las acusaciones como “informaciones calumniosas” y anunció que tomaría acciones legales inmediatas. En un mensaje publicado en X, la vicepresidenta exigió una retractación por parte del senador y defendió su transparencia. “No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción”, enfatizó la vicepresidenta.
Además, la vicepresidenta agregó: “La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”.
El proceso legal al que se enfrentan tanto el denunciante como el denunciado está regulado por el artículo 41 de la Ley 600 de 2000, que estipula que ambos deben comparecer personalmente para efectos de conciliación. La calumnia, considerada un delito menor, no permite la intervención directa de los abogados en la audiencia, aunque estos pueden asesorar a sus clientes durante el proceso para proponer fórmulas de conciliación.
De acuerdo con el artículo 221 del Código Penal, la calumnia implica imputar falsamente a otro la comisión de un delito, lo que puede resultar en una pena de prisión de poco más de un año hasta seis años. Además, se contempla una sanción económica que oscila entre 13 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que en 2024 representará hasta 1.950 millones de pesos.
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