El caso de Centros Poblados, que le costó el puesto a la exministra de las TIC Karen Abudinen, y que ha logrado la acusación y condena de varios empresarios, presuntos implicados de llevar a cabo maniobras ilegales para quedarse con la adjudicación del contrato que, en teoría, llevaría la conexión de internet a las escuelas rurales del país, sigue dando de qué hablar.
Un juez condenó a cuatro años de cárcel a Jorge Enrique López Benavides, que confesó que falsificó tres pólizas para apropiarse de los $70 millones de anticipo a la firma del contrato 1043 de 202, sobre conectividad por 41 billones entre el Ministerio de las Tecnologías y la Información y la Unión Temporal.
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Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes, correspondientes a 2020, y estará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 48 meses.
Esta decisión se tomó luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el cual aceptó su responsabilidad en los hechos y se declaró culpable de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación que adelantó el ente acusador, este hombre era el encargado de elaborar la llamada “garantía de seriedad de la oferta” y en este proceso, indujo al error a funcionarios del Ministerio de las TIC para que dieran aval administrativo y así poder celebrar el contrato para dotar de internet escuelas rurales en varias regiones del país.
El hoy condenado estaba privado de la libertad desde mayo de 2022, cuando fue capturado y judicializado. Precisamente, durante la audiencia de legalización de captura en 2022, la fiscal del caso, Liesel Paola Flórez, precisó que la participación de López fue fundamental, ya que “una vez se estableció que ninguna empresa de seguros expediría póliza de seriedad a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, contactó al señor Jorge Alfredo Molina García Mayorga a fin de que aquel obtuviera la garantía de seriedad falsa a través del señor Jorge Enrique López”.
Según Molina, que sirvió de testigo del ente acusador, se acordó el pago de 2.800 millones de pesos por las pólizas falsas. La Fiscalía también precisó que a López Benavides nunca le entregaron documentos para hacer el estudio de la viabilidad de esa garantía, sino que el hombre, en cuestión de días, tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual.
Los otros procesados por el caso Centros Poblados
Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Juan José Laverde Martínez y Jorge Enrique Lopez Benavides ya fueron condenados.
En julio de 2023, Laverde Martínez fue condenado a cuatro años de prisión y se le impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de una inhabilidad de 30 meses para ejercer funciones públicas.
De igual forma, López Benavides fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras acogerse a un preacuerdo con la Fiscalía, además de ser obligado a pagar $187 millones de multa por su participación en este escándalo.
La responsabilidad de López estuvo en gestionar y modificar, de manera ilegal, un total de tres documentos clave para que se adjudicara el contrato en favor de la Unión Temporal Centros Poblados, y así entrara a las cuentas bancarias el famoso adelanto de los $70.000 millones. Entre ellos la póliza que sirvió de garantía para tal fin.
Ambos empresarios fueron condenados por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En lo que respecta a Emilio Tapia, Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, continúan en etapa de juicio.
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