La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que actúa como la fiscalía de la justicia transicional, entregó un informe en el que analiza las cifras de seguridad y la situación de derechos humanos del país durante la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
Según ese informe, que fue dado a conocer por el portal La Silla Vacía, durante los primeros diez meses de 2023 “se ha producido un desescalamiento del conflicto armado” en comparación con el mismo periodo de 2022.
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Para llegar a esa conclusión, la UIA utilizó información de 192 medios de comunicación, datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cifras de organizaciones sociales, y cifras de alertas tempranas de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
El informe indica que en 2023 hubo una reducción del 47% de los ataques armados a la Fuerza Pública y una reducción del 32% en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados.
En cuanto a los enfrentamientos entre grupos armados, hubo una ligera reducción del 2% frente a 2022. Los grupos que más se enfrentaron fueron el Clan del Golfo y el ELN, con un total de 33 veces, y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (las dos disidencias de las Farc), con un total de 23 veces.
Además, el informe revela que el 77% de los frentes del Estado Mayor Central han cumplido con los ceses al fuego acordados con el Gobierno nacional.
No obstante, entre julio y octubre se registró un aumento exponencial en los ataques a la Fuerza Pública, producto de la Operación Trueno, por medio de la cual se recuperó el control del municipio de Argelia, Cauca. El 85% de las acciones ofensivas en contra del Ejército fueron atribuidas al Bloque Occidental que está en el Cañón del Micay.
También destaca el informe que durante el cese al fuego entre el ELN y el Gobierno solo se ha registrado un ataque armado de esa guerrilla en contra de la Fuerza Pública.
Además, los desplazamientos forzados se redujeron en un 46% durante 2016 y los confinamientos en las comunidades se redujeron en un 51%. Todo esto agrupa a un total de 90.000 víctimas menos de este tipo de hechos en 2023 en comparación con 2022.
Los riesgos
A pesar de los resultados durante los primeros diez meses de 2023, la Unidad de Investigación y Acusación alertó sobre nuevos riesgos en materia de seguridad y derechos humanos en Colombia.
Para empezar, el informe advierte de la posibilidad de que grupos armados, como el ELN, el clan del Golfo o el Estado Mayor Central, capten las rentas públicas ante la posibilidad que abrió el Gobierno nacional de que se hagan procesos de contratación directa con las Juntas de Acción Comunal.
El documento indica que la mayoría de líderes sociales asesinados durante el año en curso han sido integrantes de estos espacios justamente debido al interés de aquellos grupos armados al margen de la ley.
Por otra parte, la UIA hizo un llamado de alerta por el significativo aumento de secuestros y extorsiones a lo largo y ancho del territorio nacional. Un caso muy representativo, por ejemplo, fue el secuestro del padre del jugador del Liverpool Luis Díaz a manos del ELN en el municipio de Barrancas, en La Guajira.
De acuerdo con las cifras entregadas en el informe, en los municipios en donde aumentó el secuestro y la extorsión en casi un 100% hay fuerte presencia del Estado Mayor Central y del ELN.
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