Los gremios de las empresas de servicios públicos Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresaron su preocupación por la crisis institucional que enfrenta la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg).
Y es que, desde el 5 de octubre de 2023, la Creg está sin cuórum para tomar decisiones ya que no hay expertos comisionados nombrados en propiedad,
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Para las agremiaciones, además del recrudecimiento del fenómeno de El Niño en Colombia, la grave situación dentro de la Creg, dada la inoperancia de la misma, tienen en riesgo al país de un “apagón financiero” en el sector energético.
Así lo expresaron en la misiva en la que además, hicieron un llamado al presidente Petro para que tome una decisión urgente y definitiva frente al nombramiento de los comisionados:
“En el sector eléctrico en la coyuntura actual, existen dos situaciones relevantes que demandan una pronta decisión del regulador, como son la falta de liquidez de las empresas comercializadoras y las medidas necesarias para enfrentar el periodo seco por el que atravesamos”.
“En caso de mantenerse la situación anterior, se pone en riesgo la prestación del servicio públicos de energía eléctrica, máxime en estos momentos cuando el sector energético se enfrenta a retos de gran relevancia y trascendencia que demandan una alta producción regulatoria. Así mismo, es importante resaltar que para la industria del gas natural también hay decisiones urgentes pendientes por parte del regulador”, agrega la carta.
Nueva alerta por vacíos en la Creg que podrían generar “apagón” en el sector energético
La Contraloría General de la República alertó por la grave situación institucional que enfrenta la Creg y su incidencia en el sector energético del país. Para el ente de control fiscal, los estudios, análisis y decisiones tarifarias quedan en el aire, al no estar integrada debidamente la Comisión.
Así mismo, señaló que el impacto de esta crisis podría verse en las finanzas públicas y en el bolsillo de los propios usuarios.
Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la Creg y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la resolución sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales.
Por lo tanto, posteriores estudios tarifarios que consultaban acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “apagón financiero”, no han podido ser estudiadas ni analizadas, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la comisión.
Al no determinarse ese tipo de ajustes, dice la Contraloría: “los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada, ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación”.
La Contraloría también indicó que, al no tener claras estas cuentas, “no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía”.
Así, los usuarios del Caribe tienen un costo unitario de kilovatio hora, que puede incrementarse en la facturación en un solo mes, por ejemplo de $300.000 a $345.000, y así sucesivamente en los siguientes meses.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre subsidios no pagados a usuarios de Electricaribe. El mandatario escribió en su cuenta de X (antes Twitter):
“El dinero depositado en electricaribe para pagar los subsidios de los estratos pobres, no fue pagado a los pobres, por lo menos en los cinco últimos años en que estuvieron. Al parecer se fueron con ellos. Importante leer el informe de la contraloría nacional”.