Ejército responde por contratos de $66.000 millones tras denuncias de presuntas irregularidades en obras militares

El Ejército Nacional emitió un pronunciamiento oficial luego de que surgieran denuncias sobre supuestas irregularidades en contratos de infraestructura militar por un valor superior a 66.000 millones de pesos. La institución aseguró que todos los procesos contractuales en cuestión se ajustaron a la normatividad pública vigente, con apego a los principios de transparencia y protección del patrimonio del Estado.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Comando del Ejército, las obras bajo observación corresponden a proyectos de adecuación, mantenimiento y construcción orientados a mejorar las condiciones de formación y calidad de vida de soldados y alumnos en distintas regiones. Según la entidad, estos contratos “se ciñeron a la normatividad de contratación pública vigente y las políticas sectoriales e institucionales que refieren los principios de transparencia, planeación y defensa del patrimonio público, lo cual se encuentra soportado en la plataforma SECOP II y es de consulta pública”.

La respuesta de la institución castrense detalla que los hechos mencionados en los reportes periodísticos y en el informe de la Inspección fueron informados previamente a las autoridades competentes, entre ellas la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, y los órganos internos de control. Además, la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros compulsó copias a la Justicia Penal Militar y Policial para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

Como parte de las acciones internas, el Ejército abrió cuatro investigaciones disciplinarias para establecer la responsabilidad individual de los funcionarios involucrados en los procesos contractuales bajo escrutinio. La institución enfatizó que la activación de mecanismos de control previstos en la ley “no constituye una irregularidad, sino por el contrario, son evidencia del adecuado y legal proceder de la función de supervisión ejercido por la misma institución militar”.

Según el comunicado, hasta el momento se han logrado avances importantes en la ejecución de algunas obras: “Actual­mente los trabajos de mantenimiento y construcción registran un avance del 70%, mientras que las adecuaciones de instalaciones en diferentes unidades militares a nivel nacional alcanzan el 100% de ejecución, quedando pendiente solo la formalización de la documentación de entrega”.

Sobre uno de los contratos en particular, el Ejército reconoció que se encuentra sometido a proceso administrativo sancionatorio conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El objetivo de dicho proceso es determinar si hubo incumplimiento contractual por parte del contratista, ante la entrega tardía de los frentes de obra, y definir si corresponde la aplicación de la cláusula penal pecuniaria.

El Ejército reiteró su compromiso irrestricto con el cumplimiento de la Constitución y la Ley, y aseguró que continuará actuando con firmeza frente a cualquier irregularidad que pueda afectar el erario, la transparencia y la contratación pública en Colombia.

Contexto de las denuncias y hallazgos de la Inspección

El pronunciamiento del Ejército surge luego de la publicación de un informe ejecutivo de la Inspección interna, al que tuvo acceso Semana. El documento, de más de 60 páginas, expone posibles irregularidades en varios contratos de infraestructura militar por un monto global de 66.000 millones de pesos. Según el reporte citado por el medio, los contratos, gestionados por el Comando de Ingenieros, presentaron problemas graves de planeación y control, e incluyeron obras que no se entregaron en los plazos previstos.

Entre los casos más destacados figura el contrato n.º 324 de 2023, cuyo objeto era la construcción de una piscina olímpica de entrenamiento en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el fuerte militar de Tolemaida. El valor de la obra ascendía a 8.369 millones de pesos, con entrega pactada para diciembre de 2024. Según la Inspección, la planeación técnica resultó insuficiente y el contratista debió realizar excavaciones y rellenos adicionales que no estaban previstos. Además, el informe conocido por Semana, indica que parte del anticipo, superior a 4.000 millones de pesos, carece de soportes documentales adecuados y que la obra se adelantó sin la licencia de construcción exigida.

Otro contrato bajo observación es el n.º 323 de 2024, por más de 33.000 millones de pesos, para el diseño y construcción de alojamientos en la Escuela de Soldados Profesionales. De acuerdo con la Inspección, la localización elegida requería una cimentación profunda, distinta a la contemplada en los documentos originales, lo que podría incrementar los costos o limitar el alcance del proyecto. Se entregaron 9.000 millones de pesos como anticipo, pero no se han recibido avances sustanciales en la ejecución.

El informe también señala deficiencias en la interventoría ejercida por la Universidad Nacional de Colombia sobre el contrato n.º 335 de 2024, con un costo de 7.438 millones de pesos. Según la Inspección, el seguimiento fue insuficiente y no se implementaron correctivos a tiempo, lo que permitió que persistieran las fallas.

En el contrato n.º 333 de 2023, para la adecuación y mantenimiento del rancho de tropa en la Escuela de Soldados Profesionales de Nilo, se detectaron retrasos y cambios de localización que generaron reprocesos y la necesidad de múltiples prórrogas. El contrato ascendía a 6.197 millones de pesos, con un anticipo superior a 3.000 millones.

En todos los casos, la Inspección del Ejército recomendó la intervención de los órganos de control y la justicia penal militar, así como la apertura de investigaciones disciplinarias internas, acciones que el propio Ejército Nacional confirmó en su comunicado oficial.