La Fiscalía General de la Nación tiene bajo la lupa a siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, a quienes ya imputó cargos por presuntos procedimientos ilícitos en las contrataciones de la construcción de un tramo de la conocida Ruta del Sol II, luego de que un fiscal del Grupo de Tareas Especiales, en el marco del caso Odebrecht, presentara ante un juez con función de control de garantías las irregularidades de los imputados.
Ante la acusación, ninguno de los empleados públicos aceptó los cargos de celebración indebida de contratos.
La información que otorga el ente acusatorio esclarece que los entonces funcionarios son Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, exvicepresidenta administrativa, y Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidenta de estructuración. Asimismo, los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez fueron imputados por el delito en cuestión.
La Fiscalía anuncia que existen las pruebas establecer la presunta violación de los principios de trasparencia, economía y responsabilidad, al incurrir en la creación de cinco contratos paralelos –otrosíes– al contrato de concesión 01 de 2010 -del 07 de septiembre-, los cuales, “generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht”, señaló un comunicado del organismo, a la vez que asegura que “los otrosíes no contaban con estudios solidos técnicos de conveniencia, ni de planeación”.
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En la investigación que la Fiscalía ya está desplegando, dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyecto, y por medio de estos, evitaron pagar sanciones por al menos 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
Adicionalmente, la Fiscalía también está persiguiendo la confirmación de que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario el desembolso de 17.823 millones de pesos para obtener mayor flujo de caja, cuando no se tenía derecho de acceder a este dinero. El comunicado de la Fiscalía indica que hubo presuntas “maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades”.
La ANI está involucrada en más casos de corrupción
El pasado mes de agosto, la interventoría de la vía Briceño-Tunja-Sogamoso fue puesto bajo la lupa de las autoridades por presuntas irregularidades.
Al mismo tiempo, otros 10 exfuncionarios, contratista y exinterventor fueron acusados de añadir cuatro adiciones al contrato 001 del 14 de enero de 2010. La Fiscalía, frente al caso señaló que estos “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht”.
Del mismo modo, el pasado 12 de septiembre, se conoció una nueva imputación de cargos contra el exgerente de proyectos de la ANI, Edgar Chacón Hartmann, quien ha iniciado el proceso penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contrato, pues habría sido una pieza clave de los movimientos ilícitos hallados en varios contratos entre los años 2009-2016.
En los cargos, a Chacón se le señaló de las mismas irregularidades que a los siete exfuncionarios que han sido imputados: haber participado en el diseño y la firma de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II, de los que salió beneficiado por medio de aplazamientos del inicio de las obras, cambios en las formas de pago y ajustes a los cronogramas de labor, entre otras fallas. La Fiscalía afirmó que el exgerente participó de estos delitos junto con otros 32 funcionarios.
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