Presos en URI y estaciones de Policía siguen lidiando con problemas de alimentación

Una potencial tragedia fue evitada gracias a una solución exprés implementada por el Ministerio de Justicia hace unas semanas. Cerca de 20.000 personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en todo el país habrían pasado tres días aguantando hambre, ya que el 31 de julio vencían los contratos de alimentación, una responsabilidad que, según la ley, recae en las alcaldías y gobernaciones, pero que durante décadas ha sido cumplida por el Gobierno nacional.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de la alimentación en las cárceles nacionales, también había brindado alimentos para los centros transitorios, pero sus contratos terminaron en julio y no tenían previsto renovarlos para estos lugares, lo que generó una alarmante situación.

Para evitar una crisis inmediata, la Uspec extendió los contratos hasta octubre, pero la solución de fondo aún no está resuelta, ya que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un proyecto de ley el 3 de agosto para que los contratos estén vigentes hasta junio de 2024, con el fin de permitirle a los alcaldes electos en octubre que incluyan estos recursos en sus presupuestos, puesto que la responsabilidad es de ellos.

Cabe destacar que el problema radica en el incumplimiento del Código Penitenciario, que establece que las cárceles para personas detenidas preventivamente son responsabilidad de los departamentos, municipios y distritos; sin embargo, esto no se ha cumplido en Colombia, lo que resulta en una concentración de detenidos en las URI y estaciones de Policía, donde las condiciones son precarias.

Estos centros, diseñados para mantener a personas por un máximo de 36 horas, terminan albergando detenidos por meses o incluso años. Además de los problemas alimenticios, la falta de espacios adecuados, servicios sanitarios y condiciones dignas hace que las URI y estaciones de Policía no cumplan con los mínimos de bienestar para quienes están detenidos en ellas.

Sin embargo, la solución de fondo implica que los entes territoriales cumplan integralmente la ley y se encarguen de la detención de los sindicados, en donde se separen a los condenados de los detenidos preventivamente y que trasladen a las personas condenadas a lugares a cargo del Inpec, como lo ordenó la Corte Constitucional en 2022.

Además, se plantea la necesidad de un uso más racional de la detención preventiva y la posibilidad de excarcelaciones bajo ciertas condiciones. La construcción de más cárceles es vista como una medida necesaria a corto plazo, pero no como la fórmula adecuada para resolver la problemática a largo plazo.

En última instancia, el Ministerio de Justicia prepara una nueva versión de su proyecto de humanización carcelaria para enfrentar las causas de la crisis carcelaria y el abuso del poder punitivo del Estado en el sistema de justicia. La solución de fondo para los problemas de alimentación y condiciones inhumanas en las URI y estaciones de Policía aún está en proceso, pero se espera que con la cooperación de entes territoriales y una adecuada política criminal, la situación mejore en el futuro.

La advertencia de la Defensoría del pueblo

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la falta de alimentación que enfrentarán cerca de 17.500 personas privadas de la libertad, recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

En un informe especial sobre el suministro de alimentación en Centros de Detención Transitoria, la Defensoría destacó que esta situación urgente no solo podría vulnerar gravemente los derechos humanos, sino también podría afectar el orden público debido a una posible parálisis alimentaria.

El informe reveló que en el país hay 22.659 personas privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria, y el 75% de ellas recibe alimentación por parte de la Uspec, a pesar de que por ley esta responsabilidad recae en los municipios y departamentos.

Además, el informe destacó que la situación podía empeorar debido al hacinamiento del 124% en estos centros, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos.