Fiscalía habría encubierto el crimen de un hombre que no murió por causas naturales sino de forma violenta

El 15 de diciembre de 2020, Jairo Jesús Silva falleció en una de las celdas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla. La médica encargada de realizar la necropsia fue Natalia Paulina Osorio Granados, que días después detalló en el informe de conclusiones que el deceso de la víctima se produjo por muerte violenta (homicidio) y que previo a ello lo habían torturado.

11 días antes de su deceso (4 de diciembre), efectivos del CTI detuvieron a Silva por los delitos contrabando agravado, falsedad material en documento público, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, fraude aduanero y acceso abusivo al sistema informático.

El detenido había sido trasladado a esta unidad militar mientras se llevaban a cabo las audiencias en su contra, pero los agentes del CTI lo encontraron sin vida en una de las celdas. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Barranquilla y tras el dictamen de muerte violenta, la familia elevó una petición a la Fiscalía para esclarecer las causas reales.

Dos años y siete meses después del hecho, la Fiscalía emitió un pronunciamiento en el cual indicó que Silva murió por causas naturales y que la forense Osorio Granados sería investigada por el Tribunal de Ética Médica.

Según un análisis, Silva padeció diabetes mellitus tipo dos, trombosis mesentrérica, cirrosis hepática y habría sufrido un infarto agudo de miocardio, por lo que la Fiscalía determinó la compulsa de copias para la apertura de una indagación contra la profesional de Medicina Legal “que adelantó el protocolo de necropsia inicial por la muerte del señor Jairo Jesús Silva Rivera”.

La Fiscalía se contradijo a sí misma

En un comunicado publicado en febrero de 2021, el ente de control ratificó que la causa de la muerte sí había sido violenta; sin embargo, en el emitido el jueves 27 de julio cambió de postura y aseguró que “sin lugar a duda” no se trató de un homicidio; “por el contrario, corresponde a causas naturales”.

Dentro de las pesquisas, la Fiscalía determinó que Silva antes de su muerte fue sujetado de cara, brazos; sufrió golpes en el pecho y asfixiado por vía de estrangulamiento “por compresión de cuello contundente severo en región cervical, con luxación de la articulación entre la primera y la segunda vértebra cervical y a nivel de la séptima vértebra cervical”, según el dictamen conocido en primera instancia por Cambio.

Luego de ser consultada por varios medios, la Fiscalía empezó a hacer el estudio histopatológico; es decir, casi tres años después de la necropsia. Por su parte, agentes del CTI que custodiaban al hombre declararon que momentos antes de su muerte había empezado a vomitar y, posteriormente, se desplomó sobre su camastro. Fue en ese momento cuando decidieron trasladarlo a la enfermería del Batallón, pero para entonces ya había fallecido.

Consultado por el medio citado, el exdirector de Medicina Legal Carlos Valdés dijo que de acuerdo con la necropsia y las pruebas sí hubo tortura en la muerte de Silva Rivera. Sumado a eso, agregó que el sujeto había muerto en estado de dolor y que una prueba de ello eran los moretones en su cuello.

Por ahora, el proceso está en manos del fiscal Willington Ortiz Páez y antes de él estuvo en poder de Mario Burgos, fiscal que está a cargo del proceso contra Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez. En ese orden, no se ha tomado una decisión de fondo en el caso que era una prioridad para Francisco Barbosa, pues Silva era el padrastro de una exasesora suya. De hecho, ella fue la que solicitó ayuda al ente acusador para precisar las causas reales de la muerte del entonces detenido.