El Gobierno de Estados Unidos podría revocar la visa a otros militares involucrados en presuntas violaciones a derechos humanos, luego de que esta medida se le aplicara a tres uniformados hace diez días por el mismo motivo, según lo anunció el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken.
De acuerdo con información entregada por el periodista Daniel Coronell para la emisora W Radio, la prohibición se le impuso inicialmente a los coroneles retirados Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Sánchez y al general Iván Ramírez Quintero, otrora hombre más poderoso de la inteligencia militar colombiana. El veto se extiende además a cinco familiares de estos militares retirados.
Por medio de un comunicado, el secretario de Estado enfatizó en que esta decisión se debe al apoyo del Gobierno de Estados Unidos al acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc en 2016 y a la justicia transicional que está a cargo de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
Por tal motivo, el gobierno estadounidense aplicaría tal medida a militares que no han querido hacer suficientes aportes a la verdad al tribunal de paz o que no declararon sobre sus relaciones con grupos armados o la existencia de procesos en el momento de tramitar su permiso de residencia permanente, conocido como la green card.
Uno de esos oficiales, según la información de Coronell, sería Luis Alfonso Plazas Vega, que actualmente goza de residencia en Florida y que fue absuelto por la desaparición de once personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Aquella absolución no cubre la tortura y desaparición del magistrado Carlos Horacio Urán, motivo por el que Plazas Vega afronta una demanda en una corte del distrito sur de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos estaría revisando si existió por parte de él alguna omisión de información en el trámite de los documentos migratorios, con lo cual se revocaría permanentemente su permiso de residencia en el país norteamericano.
Otro caso que se está evaluando es el del coronel Jorge Luis Mejía Rosas, exoficial de inteligencia de la Brigada 17, por estar presuntamente vinculado al asesinato de miembros de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, en 1996.
Adicionalmente, el otro oficial al que se declararía inelegible para ingresar a Estados Unidos es el coronel Héctor Alejandro Cabuya, que presuntamente habría participado en 43 falsos positivos en complicidad con el Bloque Centauros de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
Lo mismo le pasaría al excomandante de la Brigada Movil 2, el coronel Lino Sánchez Prada, señalado de ser el coautor de la masacre de Mapiripán, ejecutada por paramilitares en colaboración con miembros activos del Ejército, en 1997.
Civiles que también podrían ser sancionados
Daniel Coronell también aseguró que en la lista de posibles sancionados para entrar a Estados Unidos entraría un antiguo miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): el abogado Ricardo Villarraga Franco, que se desempeñó como jefe de policía judicial de ese organismo de inteligencia.
Adicionalmente, el periodista destaca que las posibles decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre el visado de todas las personas mencionadas se basa en la ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado. Lo que se busca con esta medida es que se promueva la rendición de cuentas por parte de los uniformados y civiles que tuvieron relación con grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado en Colombia, y que en ese sentido hayan ordenado torturas, asesinatos, o que hayan participado en la desaparición de civiles.
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