Explosivos incautados en Bogotá iban a ser transportados bajo la fachada de una compañía holandesa

De momento, la firma internacional se negó a dar declaraciones

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Colprensa

En la noche del miércoles (19 de abril), personal de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) incautó una tonelada de explosivos en operativos realizados en el barrio La Favorita, de la localidad de Los Mártires y en Fontibón, al centro y occidente de Bogotá.

El material explosivo que, de acuerdo con RCN, sería clorato de potasio y pólvora negra, se encontraba en cajas que a su llegada a la capital fueron camufladas en viviendas clandestinas que funcionaban como bodegas.

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Dicho material seguiría siendo inspeccionado; sin embargo, por un grupo especializado de la DIJIN que, según El Tiempo, lleva semanas siguiéndole la pista a la carga, al igual que la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.

La hipótesis que, hasta el momento, manejan las autoridades es que, grupos armados –aún por identificar– planeaban utilizar los explosivos en acciones terroristas y actividades relacionadas con la minería ilegal. De acuerdo con la casa editorial, después de ser transportadas en camionetas de alta gama, en cajas de una compañía proveniente de los Países Bajos, que, en territorio nacional se dedicada a la producción de químicos y la exportación de flores.

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Otros 220 kilogramos de explosivos fueron incautados apenas hace un par de semanas

Durante el domingo de ramos, la Armada Nacional informó que, en el desarrollo de dos operativos realizados en el Distrito Especial de Buenaventura, (Valle del Cauca), fueron incautados 220 kilogramos de explosivos, presuntamente, pertenecientes al ‘Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 6 Jaime Martínez’, de las disidencias de la Farc.

De acuerdo con la institución, el primer operativo se desarrolló en el corregimiento número 8 de Buenaventura, en donde tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.24 localizaron un depósito ilegal con cuatro canecas plásticas, que contenían en su interior 120 kilogramos de explosivos tipo ANFO, de fabricación industrial.

Mientras que, el segundo hallazgo fue en la vereda Veneral, a tres kilómetros del río Yurumanguí, en donde unidades de la Armada de Colombia intentaron ingresar al territorio, pero, al llegar, fueron atacados con Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y fuego de fusilería, por miembros de las disidencias de las Farc.

Tras repeler el ataque, los infantes de Marina encontraron en la zona 100 kilogramos de explosivos entre los que llegaron a contarse 18 AEI, seis granadas, una barra de pentolita y 18 metros de cordón detonante.

De acuerdo con la Armada Nacional, también, en el segundo operativo también fueron encontrados un tubo cañón ametralladora de 5.56 mm, 248 cartuchos de munición de diferente calibre y cinco pendones alusivos al frente Jaime Martínez de las disidencias de la antigua guerrilla.

La institución hizo especial énfasis en que, tras su operación, se afectó de manera contundente la capacidad delictiva de los disidentes “generadores de violencia que pretenden perturbar la tranquilidad de los habitantes del Distrito Especial de Buenaventura”.

“La Armada de Colombia ratifica su compromiso con el cuidado y seguridad de los habitantes del Pacífico, desarrollando operaciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país”, concluyó la armada.

Y apenas un día antes; es decir, el sábado 8 de abril, la Armada Nacional señaló que localizó y destruyó un Artefacto Explosivo Improvisado en zona rural de Buenaventura.

“Unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.24 hallaron en el área general de la ribera del río Yurumanguí, una mina antipersonal instalada a menos de 100 metros del casco urbano de la vereda. Personal experto de la Compañía de Explosivos y Desminado No.2 aseguró el área y destruyó controladamente el artefacto explosivo”, puntualizó la institución, por medio de un comunicado.

Se presume que el artefacto fue instalado por las estructuras al margen de la ley que se disputan el control de las economías ilícitas, poniendo en riesgo la vida de la población civil que utiliza los mismos caminos para comunicarse con veredas vecinas.

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