Gustavo Petro defendió su polémica ley de sometimiento y acusó a “los dueños del poder político” de aliarse con los narcos

En la mañana del jueves 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro, se refirió tras los cuestionamientos de la Ley de Sometimiento, considerado como una de las herramientas más importantes en el marco de la política de “Paz Total”.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado defendió el proyecto que fue presentado por el Gobierno nacional. “La pregunta es si querenos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta”, afirmó.

Cabe mencionar que, uno de los cuestionamiento frente a esta ley, llegó por parte de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello: “no cuenta con una adecuada exposición de motivos” para aplicarse.

La intervención de Cabello tuvo lugar en la Segunda Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Región Amazónica, el miércoles 15 de marzo.

Según la procuradora, hay un “mico” a partir del cual los victimarios podrían tener importantes beneficios porque no se explica de forma detallada cuáles son las razones por las que podría aplicarse. En palabras de Cabello: “es importante que sea claro antes de la presentación de ese proyecto y por eso creemos que protege más a los victimarios que a las víctimas”.

Una de las principales preocupaciones sobre las que se pronunció, tiene que ver con el “principio de libertad”, en ello mencionó que se trata de un otorgamiento de cero penas a personas que “realicen actividades delictivas como concierto para delinquir, masacres, asesinatos de líderes sociales y narcotráfico, por eso nos preocupa que ese principio de oportunidad sea tan laxo y tan débil”.

Para Cabello, puede ser muy peligroso que no operen condiciones en relación con las penas, donde resaltó que: “desde el punto de vista penal, veo que se otorgan beneficios, penas de hasta ocho años, pero sin que opere ninguna condición, y sin que siquiera haya una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad, eso nos parece peligrosísimo”.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que varias de sus observaciones no fueron tenidas en cuenta en el documento final, entre ellas el tope que recibirán los criminales que se sometieran a la ley, asegurando que la cifra ideal era de 5.000 salarios mínimos y no la que finalmente quedó establecida.

“Los topes que habían eran 5.000 salarios, los subieron a 10.000, es decir, 10.000 millones de pesos, más o menos 11.000 millones. Es decir, 2,8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la Paz Total”, puntualizó Barbosa.

De igual manera, Barbosa afirmó que no permitirá que esta ley sea aprobada, reprochando que con ella la Fiscalía deba entregar toda la información de los delincuentes que se sometan a la iniciativa al alto Comisionado para la Paz, cuestionando la separación de poderes y reafirmando que su cargo no es ser subalterno de la rama ejecutiva.

“Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma, como así que la oficina del alto Comisionado para la Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto, que la Fiscalía entregue toda la información judicial, expedientes e indagaciones en el marco del acercamiento que el esta haciendo, ¿dónde quedó la separación de poderes?”, puntualizó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

Hay que tener en cuenta que, a través de un comunicado emitido el 15 de marzo de 2023, el Congreso de la República de Colombia dio a conocer el inicio del camino que emprende el proyecto de la Ley de Sometimiento.

El “proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y ley de desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” propuesto por el presidente Gustavo Petro, fue radicado en el Senado de la República en cabeza de Néstor Osuna desde el Ministerio de Justicia y Alfonso Prada desde el Ministerio del Interior.

Según aclaró el comunicado, si el proyecto se aprueba, “las llamadas bandas criminales tendrían un plazo de dos años para desarticularse de manera voluntaria”. En este sentido, las estructuras deberán aceptar su responsabilidad por los delitos cometidos, además de hacer entrega de información que dé cuenta sobre sus modos de operación y ofrecer reparación a las víctimas.

A cambio, el Gobierno nacional declara la imposición de una pena que iría entre los 6 y los 8 años “de cárcel efectiva”. Adicional a ello, señala que podrán permanecer cuatro años en libertad condicional, siempre y cuando cumplan actividades de reparación a las víctimas y restauración. De lo contrario: “Cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios”.