
En medio de la polémica por el proyecto que lidera el Ministerio de Justicia para reformar las cárceles en el país, el jefe de esa cartera, Néstor Osuna, aclaró que no es cierto que los que reciban el beneficio de prisión domiciliaria lo hagan desde el inicio de su pena. ¿Cómo será entonces?
“El beneficio que proponemos no es desde el inicio de la pena sino cuando ya se haya pagado más del 60% de la sanción judicial”, aseguró el ministro de Justicia en un video de su cuenta oficial de Twitter en el que, entre otras cosas, se refirió a varios de los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa.
Según el funcionario, salió a aclarar el tema porque había “escuchado algunas voces un tanto alarmadas por la posibilidad que contiene nuestro proyecto de ley de reforma penitenciaria” que, entre otras cosas, busca disminuir el hacinamiento carcelario.

En otra de sus aclaraciones, el ministro del presidente Gustavo Petro aseguró que ese proyecto beneficiará a los delincuentes que hayan cometido delitos de lesa humanidad y aseguró que los crímenes que se contemplan para casa por cárcel se están desarrollando, teniendo en cuenta las leyes que, hasta ahora, rigen en Colombia.
Es más, de acuerdo con el jefe de cartera, al tramitar esta iniciativa no solo se está respetando la legislación colombiana, sino también los tratados internacionales a los que se acogió la nación: “Los compromisos internacionales quedan perfectamente cubiertos porque no hay ningún proceso que la prisión no sea socializadora, sino solamente inhabilitante”, agregó el funcionario.
Así mismo, en otros de los puntos de su video, Osuna aseguró que estaba abierto “al debate” pero con opiniones ciertas y no con lo que considera son “conjeturas, ideas un tanto exageradas alrededor del mismo”, concluyó el ministro de Justicia.
Aquí su intervención:
No son las únicas aclaraciones que Osuna ha hecho sobre el ambicioso –y polémico– proyecto para reformar las penitenciarias. Esta semana, por ejemplo, fue citado a una audiencia públicas por la comisión accidental para el seguimiento, vigilancia y control del Congreso de la República por la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.
Al inicio de su discurso, Osuna reiteró su vieja tesis de que las prisiones nacionales son centros de formación y resocialización, sino que se convirtieron en sitios donde los criminales “perfeccionan las formas de delinquir con técnicas cada vez más sofisticadas, audaces y crueles”.
Asimismo, explicó que una de las apuestas de la reforma penitenciaria con la casa por cárcel no se puede entender como “algo exótico, excepcional o marginal en nuestro sistema penal, ―pues― hay 77.000 personas que están en prisión domiciliaria de un universo cercano a 200.000 privados de la libertad” y señaló que eso equivale a los habitantes de una ciudad como Tunja, la capital boyacense.
Inclusive, se refirió a cuánta plata se gasta el Estado colombiano en mantener a un interno y reveló que cada persona privada de la libertad en centro carcelario le cuesta al país 2.6 millones de pesos mensuales.
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