Ministro de Justicia explicó ante el Congreso los puntos clave del proyecto de reforma al sistema penitenciario en el país

En audiencia pública citada por la comisión accidental para el seguimiento, vigilancia y control a la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, volvió a detallar los puntos clave del proyecto de reforma por medio del cual se busca hacer cambios a este sistema a fin de que haya una humanización de las medidas privativas de la libertad y así alivianar la crisis existente en este sector.

El jefe de la catera de la Justicia y el Derecho comenzó su intervención diciendo que actualmente las cárceles no son centros de formación y resocialización, sino que se convirtieron en sitios donde los criminales “perfeccionan las formas de delinquir con técnicas cada vez más sofisticadas, audaces y crueles”.

Asimismo, explicó que una de las apuestas de este proyecto de reforma es el fortalecimiento y ampliación de la casa por cárcel. En ese sentido, aclaró que esta medida no se puede entender como “algo exótico, excepcional o marginal en nuestro sistema penal, ―pues― hay 77.000 personas que están en prisión domiciliaria de un universo cercano a 200.000 privados de la libertad” y señaló que eso equivale a los habitantes de una cuidad como Tunja.

También ahondó en lo que cuesta mantener a un preso en las cárceles. En este punto de su intervención, Osuna afirmó que cada persona privada de la libertad en centro carcelario le cuesta al país 2.6 millones de pesos mensuales y, en ese orden, este año se gastarán 3.1 billones de pesos en sostener esos lugares que albergan cerca de 130.000 personas

“Si esa cifra de 3.1 billones la dividimos entre 110 mil privados de la libertad y luego entre los 12 meses del año, nos da que cada persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 2.600.000 pesos al mes, un dinero importante —porque es— más de lo que ganan muchas familias”, reiteró Osuna, quien aseguró que ese dinero se puede invertir en otras cosas y no en la crisis generada dentro del sistema penitenciario.

Por otra parte, el funcionario del Gobierno nacional indicó, con respecto a la ley de sometimiento a la justicia, que quienes entreguen información y bienes que permitan el desmantelamiento de las estructuras criminales a las cuales pertenecen, podrían quedarse con el 10% de estos mientras que el Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales —SAE—, con el 90% restante.

Sin embargo, dijo que el proyecto de ley será ultimado el fin de semana junto con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

“Este fin de semana vamos a estar enclaustrados en la oficina del Ministerio de Justicia y con el alto comisionado de Paz terminando la redacción del articulado”. Asimismo, aclaró que las bases acordadas sobre esta iniciativa están enfocadas en la justicia ordinaria —Fiscalía General de la Nación—, y en ese orden, aclaró que no habrá justicia transicional.

También dijo que será incluida una rebaja en las penas, pero que hasta el próximo fin de semana se conocerán esas medidas. Más allá de eso, dejó en claro que ese proyecto será un mensaje para las estructuras criminales: si deciden acogerse, tendrían beneficios y se desmantelará la banda criminal; si no, el Estado a través de la fuerza pública y la Rama Judicial los perseguirá.

Declaración similar entregó el presidente Gustavo Petro el miércoles 8 de febrero durante el PMU instalado en Yarumal, Antioquia. Concretamente, advirtió: “¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no esa en la posibilidad de la paz”, y reiteró que la fuerza pública no puede detenerse en su ofensiva contra las actividades criminales y hechos violentos contra la población.

Bajo ese panorama, puntualizó en la necesidad de implementar la ley de sometimiento y anunció que este proyecto será presentado ante el Congreso el miércoles 15 de febrero, fecha que ratificó el ministro Osuna el jueves 9.