
Ya van ocho días de movilizaciones en la ruta y la situación se torna preocupante. Por un lado, los camioneros autoconvocados reclaman que la tarifa de referencia se haga ley para todo el país; ruralistas y agroexportadores señalan que la medida impide la comercialización del cereal por lo cual genera pérdidas y a su vez, solicitan al Gobierno que haya justicia y control, y por último, desde el Ministerio de Transporte, consideraron que la medida fuerza de los transportistas es irracional y violenta.
Todas las voces
Edgardo Godoy, es un camionero de La Carlota, una ciudad localizada al sur de la provincia de Córdoba, quién integra el grupo de Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA). En diálogo con Infobae, comentó: "Lo que reclamamos es la tarifa de referencia, no estamos pidiendo un aumento sino que se cumpla lo que figura en carta de porte". Para Godoy cada día que pasa el transporte se está complicando más, está decayendo y generando un gran problema económico.
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Al ser consultado sobre la medida de fuerza y los hechos violentos difundidos, respondió: "En esta zona planteamos una manifestación pacífica para hacernos escuchar. No hemos tenido problema, aunque algunos colegas me han informado que hubo gente infiltrada que generó conflictos". Si bien en algunas zonas parece ser pacífico, en otras partes del país como Santa Fe y Chaco, ayer se registraron cortes de rutas.
Según relató, desde un primer momento quisieron dialogar. "Se informó antes y durante la manifestación y por diferentes medios al Ministerio de Transporte, estuvimos hablando con algunos diputados que también le comunicaron al Gobierno nuestra intención".
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Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos #MesaDeDiálogo pic.twitter.com/Ec5lTZ5MUq
— Luis Contigiani (@LuisContigiani) February 7, 2018
En relación a la intervención de los legisladores, este miércoles Luis Contigiani, Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe (Frente Progresista Cívico y Social), publicó en su cuenta de Twitter: "Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos".
De acuerdo a lo informado, la tarifa de referencia se discutirá este jueves. Hasta tanto no haya soluciones, el paro continúa por tiempo indeterminado.

Rechazo
En respuesta a los reclamos realizados por parte de los camioneros autoconvocados, fuentes del Ministerio de Transporte, aclararon: "Hay una ley que regula el transporte de cargas, que lo que establece es que el Estado, a través de mesas de diálogo donde intervienen las partes (dador de carga, cámaras representantes de transportistas, gobierno) ponga una tarifa de referencia que es orientativa para lo que después se decida por oferta y demanda. En la práctica esta tarifa actúa casi como un techo y los valores suelen estar por debajo".
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En este contexto, cabe señalar que en la "mesa de negociación participativa" de la tarifa de referencia, participan funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del Ministerio de Agroindustria, además de dirigentes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), FAA, SRA, Coninagro, CRA y Federación de Centros de Acopiadores de Cereales.
Además, desde Transporte recordaron que para controlar esa tarifa de referencia existen mecanismos regulados de defensa y en contra de abusos. Al respecto, indicaron que "esta gente no pasó por ninguno de estos pasos", y resaltaron que "establecer una tarifa fija implicaría cambiar esa ley, por ende, ir al Congreso".
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En cuanto a la medida de fuerza adoptada por los camioneros autoconvocados la calificaron de irracional y violenta. Para la cartera que conduce Guillermo Dietrich, esta gente no buscó ningún canal de diálogo. En relación a ello, argumentaron: "No tienen representatividad y creemos que no tienen tampoco dimensión del impacto y daño que están generando".

Platos rotos
En sintonía con las pérdidas materiales, Infobae consultó a Andrés Alcaraz, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Con gran preocupación se refirió a la situación en los puertos y señaló: "Hasta el martes en la tarde había 65 buques y están demorados porque no pueden terminar de completarse para poder salir y porque ya no hay más existencias de granos, ni en las plantas de oleaginosas ni en los puertos".
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Según lo comentado, esos 65 barcos a un alquiler diario de entre USD 15.000 y USD 25.000, si la medida continúa por diez días alcanzaría un costo de USD 13 millones.
Al ser consultado sobre la solución que esperan, manifestó: "Nosotros no somos parte del conflicto sino que pagamos los platos rotos al estar en el medio. Entendemos que el Ministerio de Transporte y el de Seguridad han tomado cartas en el asunto y además están implicados los gobiernos de las distintas provincias".
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En este contexto, cabe señalar que según datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el total de camiones cargados con granos ingresados a las terminales del Gran Rosario cayó 54% respecto a la semana pasada y 60% respecto al año pasado a la misma fecha.
Intervención, justicia y control
Cada uno exige lo suyo, tan es así que mediante un comunicado, los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos solicitaron al Gobierno nacional que garantice la libre circulación de camiones cargados con granos ante los bloqueos realizados desde la semana pasada por grupos de transportistas autoconvocados.
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Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba, manifestó: "Repudiamos la situación de atropello inadmisible, cuyas pérdidas materiales ya son incalculables. Solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales su inmediata intervención en resguardo de la cadena agroalimentaria, protegiendo el trabajo y la seguridad de los bienes y las personas".
Ante este contexto de conflicto en derrame, cabe recordar que hace tres años hubo un paro similar por cuestiones sindicales, duró 25 días y finalmente arribaron a una solución. Esperemos que la resolución para todos, tarde menos.
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