Los productores uruguayos alzaron la voz, reclamando medidas urgentes al Gobierno para que los chacareros con nula o escasa rentabilidad puedan darle viabilidad a sus establecimientos. Desde principios de año, reclaman y exigen una respuesta, tan es así que el pasado martes realizaron una masiva movilización en el departamento central de Durazno, en la cual participaron decenas de miles de uruguayos.
Algunas imágenes resultan similares a los momentos vividos aquel 8 de marzo de 2008 durante el paro agropecuario de las entidades del campo de nuestro país, en oposición a la Resolución 125 que había diseñado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la idea de implementar retenciones móviles. Recordemos que dicha Resolución fue rechazada en el Congreso de la Nación, por el famoso voto "no positivo" del ex vicepresidente, Julio Cobos.
En el vecino país, el reclamo y la movilización surgen a partir de un grupo de productores independientes autoconvocados, quienes además elaboraron y entregaron al primer mandatario de Uruguay un documento de unas siete páginas en el cual proponen, fundamentan, y finalmente peticionan.
Según informó la presidencia de Uruguay, luego de la gran movilización, el presidente Tabaré Vázquez envió una carta convocando a una reunión a las gremiales rurales: Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Asociación Nacional de Productores de Leche a una reunión y no a los productores auto-convocados.
Para entender mejor la situación y los pedidos formulados hacia Vázquez, Infobae consultó a Federico Holzmann, referente del grupo de productores autoconvocados.
Los pedidos
Entre las diez solicitudes mencionadas en el documento, se encuentran: bajar inmediatamente el precio de los combustibles; reducir el 10% del precio de la energía eléctrica; rever las políticas cambiarias, evitando el atraso existente en el tipo de cambio, respecto a otras monedas; tomar las medidas para equilibrar el balance del sector público, es decir, eliminar el déficit fiscal; establecer una política audaz de acuerdos comerciales fuera de la región, que permita revertir la pérdida de competitividad, entre otros.
Para Holzmann, el principal problema son los elevados costos, y al respecto, ejemplificó: "Una tonelada de soja a una distancia de 240 kilómetros cuesta USD 47 por tonelada, son costos altísimos en lo que respecta al valor en sí de esa tonelada, eso asociado a un 50% de costos que no podemos descontarlos y que son ocultos, como el IVA al valor agregado a la producción; y por otro lado, el costo de combustible y de mano de obra en la hectárea de producción de soja llega al 47% del costo. Es imposible lograr resultados".
En este contexto de crisis y reclamo, hubo dos hechos que sorprendieron al grupo de productores, por un lado, hace dos años que el Gobierno no atiende la problemática de las instituciones, y por el otro, es la primera vez que en Uruguay todas las organizaciones gremiales, entidades agropecuarias, empresas, frigoríficos, industrias apoyan la movilización que está teniendo el campo. En este sentido, Holzmann, comentó que "en la primer reunión realizada el 8 de enero en Paysandú, se acercaron talleristas, mecánicos, metalúrgicos, amas de casa, y hasta jubilados. Nos sorprendió, pero sabíamos que el resto de la gente también la estaba pasando mal".
Argentina y Uruguay
El enfrentamiento que está ocurriendo entre el sector agropecuario y el Gobierno en Uruguay, ha despertado algunas comparaciones con el que sucedía en Argentina hace diez años atrás cuando el Gobierno de Cristina Fernández impuso la famosa resolución 125 que implicaba las retenciones móviles. En este sentido, cabe mencionar que varias entidades agropecuarias argentinas se han comunicado y acercado a los productores uruguayos.
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