Los Gobiernos europeos han acordado a nivel de embajadores ampliar las sanciones de la Unión Europea a siete agentes de los servicios de Inteligencia venezolanos responsables de violaciones de Derechos Humanos y torturas, según ha informado a Europa Press una fuente diplomática.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, reclamó a mediados de julio a sus colegas europeos imponer sanciones de la UE a los responsables de “torturas” y muertes “trágicas” como la del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.
Los embajadores permanentes de los Estados miembro ante la Unión Europea han acordado imponer sanciones a “siete agentes de los servicios de Inteligencia venezolanos” este miércoles en respuesta a “la petición de Borrell”, una decisión que será formalizado por el Consejo a priori este viernes, ha avanzado una fuente diplomática.
El Gobierno de Donald Trump, que ya sancionó en julio a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) por la muerte del capitán Acosta y ha impuesto sanciones económicas a Caracas, lleva meses presionando al bloque para elevar la presión al régimen de Nicolás Maduro con más sanciones.
Hasta la fecha, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a la UE.
Los Veintiocho impusieron en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos. Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019.
(Con información de Europa Press)
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