El Departamento del Tesoro de EEUU aseguró que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.
En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos "y sus redes" se lucran del Clap "a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma".
Según EEUU, estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio "estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa" mediante un complejo sistema.
Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.
De acuerdo con el Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para "evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas".
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Nicolás Maduro "usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder".
"La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando" el Gobierno, añadió.
El programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.
La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el Clap.
(Con información de EFE)
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