Red de corrupción en San Isidro: alcalde Augusto Cáceres y funcionarios podrían pasar diez años en prisión

La intempestiva visita de la Policía Nacional y un equipo de la Fiscalía a Augusto Cáceres, alcalde del distrito de San Isidro, se produjo en horas de la madrugada el pasado 29 de noviembre. Las autoridades allanaron la vivienda del funcionario edil, ubicado en el referido municipio, y detuvieron a Cáceres preliminarmente por un plazo de siete días (de los cuales ya han transcurrido cinco).

La situación se produjo en el marco de una investigación por los presuntos delitos contra la administración pública, en las modalidades de colusión agravada y presunta organización criminal, imputados al burgomaestre y otros trabajadores de su gestión.

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El Ministerio Público (MP) sostiene que la referida municipalidad suscribió un contrato con el consorcio San Isidro Verde, para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito, a cambio de aparentes sobornos y otros beneficios, entre ellos, pasajes de avión.

La contratación suscitada en julio del 2021, por un periodo de ejecución de tres años, se materializó por un pago total de S/44′ 850, 776.

“La Contraloría hizo observaciones a la mencionada empresa, estas se trasladaron a los órganos encargados de las contrataciones y a los funcionarios ediles. Se les solicitó la nulidad del proceso, sin embargo, suscribieron el contrato”, informó el general Freddy López, director contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Otros cuatro trabajadores municipales de la comuna fueron detenidos preliminarmente en noviembre último. Se trata de la Gerente Municipal del distrito, Nancy Ninapaitán Delgado (54); el Gerente de ética e integridad, Manuel Enríquez Anaya (42); la Gerente de Administración y Finanzas, Mariella Hidalgo Carrera (42) y la sub gerente de Logística, Esther Baylon Salvador (49).

Los investigados son sindicados por el MP como operadores de una supuesta red criminal, liderada presuntamente por Cáceres Viña. Según hipótesis fiscal, los funcionarios adulteraron formatos de fiscalización, obviaron penalidades, inflaron costos y admitieron obras fantasmas para incrementar el pago de valorizaciones al mencionado consorcio; según recogió Canal N.

La abogada penalista Romy Chang señala que por estos presuntos hechos podrían imputarse, además de los ya señalados por la Fiscalía, los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

“Se sanciona al funcionario que indebidamente se interesa en el provecho propio de un tercero, por cualquier tipo de contratación u operación en la que interviene con razón a su cargo, y se recibe una pena que va de cuatro a seis años de cárcel”, manifestó en diálogo con Infobae.

Además, la especialista tampoco descartó una acusación por delitos contra la fe pública debido a una presunta falsificación de documentos. “También puede haber un tema de falsedad ideológica (…) o en general una falsedad genérica”, agregó.

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Por otro lado, el caso también incluye a Manuel Masías, excandidato a la alcaldía de Miraflores por Alianza por el Progreso; y a Marco Álvarez, electo alcalde de San Borja a través del partido Renovación Popular. Sobre ellos recae una acusación por presuntos financiamientos ilícitos a sus campañas municipales, ambas desarrolladas en el presente año.

“Se tiene que los favorecimientos al Consorcio San Isidro Verde se vendrían realizando con el objetivo de aportar a las [pasadas] campañas políticas de los investigados [suscitadas en los comicios del 2022]”, se lee en el documento fiscal.

Sobre el caso del electo burgomaestre de San Borja, la Fiscalía sostiene que un asesor de Álvarez fungió como nexo para realizar los aportes ilícitos. En este sentido, se detalla que otros trabajadores públicos tenían conocimiento de estos aportes, entre ellos, Ethni Flores Barriga, subgerente de la gestión ambiental de la comuna.

Tanto Masías Oyanguren como Álvarez Vargas tienen una amplia trayectoria política. El primero fue alcalde de la comuna de Miraflores del 2007 al 2010, mientras que el último fue teniente alcalde y exburgomaestre de la comuna por la que fue electo este año.

Francisco Álvarez, abogado del alcalde Augusto Cáceres, aseguró que el Comité de Selección de la municipalidad no le informó a su defendido de las irregularidades reportadas, sino que este tomó conocimiento del asunto en una posterior reunión con sus funcionarios ediles.

Además, responsabilizó a la sub gerente de Logística, Esther Baylón, de realizar un informe donde “se mencionaba que las irregularidades se podían dejar sin efecto porque se volvió a revisar la información”.

“La única razón por la que el alcalde está detenido y está vinculado en el proceso es por su participación en esa reunión, él no ha participado del proceso de selección, tampoco de la ejecución porque no es su competencia”, afirmó para Canal N.

Sobre el presunto delito de organización criminal, que se le imputa a Cáceres y otros, la abogada penalista Romy Chang destacó que este “tiene una pena bastante grave sancionada con hasta 15 años de cárcel”. Sin embargo, explicó a este medio que tratándose de personas que no son reincidentes, y sumándose las penas mínimas por otros presuntos delitos atribuidos, podría establecerse un mínimo de diez años de prisión.

“Este delito no requiere que se cometan actos vinculados a la organización criminal. Por ejemplo, si uno crea una red dirigida a estafar, no se requiere que se estafe, sino que se haya conformado ese grupo de personas con el objetivo de hacerlo”, detalló.

La especialista también resaltó que, de tratarse de una organización criminal, se generará un cambio en materia procesal flexibilizándose algunas medidas a favor de la Fiscalía. Entre ellas, un mayor periodo para la investigación o mayores plazos para una eventual solicitud de prisión preventiva. Sobre el tema, el abogado Francisco Álvarez indicó que no espera dicho pedido en contra de Cáceres pues “no hay ninguna prueba directa de un acto de corrupción”.

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