Poder Judicial deja sin efecto fallo que incautaba reparación civil a Vladimir Cerrón tras condena por corrupción

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por el sentenciado exgobernador regional de Junín.

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Vladimir Cerrón. Foto: Facebook
Vladimir Cerrón. Foto: Facebook

El Poder Judicial dejó ayer sin efecto un fallo que incautaba la reparación civil que debía pagar Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, debido a la condena por corrupción que recibió en 2019 y lo terminó inhabilitando para ejercer cargos públicos.

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional declaró fundado en parte la apelación presentada por Cerrón frente a la resolución judicial que, en diciembre del 2021, dispuso la incautación de S/ 850 mil como parte del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Entre los argumentos del fallo se menciona que la resolución de primera instancia omitió notificar al Gobierno Regional de Junín, entidad beneficiada con el pago de la reparación civil de Cerrón. Además, se menciona que en el proceso de valoración de los elementos de convicción presentados por las partes hubo una motivación detrás.

Además, la sala recalca que es una obligación de las procuradurías informar a los titulares de cada entidad pública agraviada sobre las sentencias. Por ello, ordenó que otro juez de investigación preparatoria emita un nuevo pronunciamiento en los próximos días.

LA CONDENA DE CERRÓN

Como se sabe, Vladimir Cerrón fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de la mencionada reparación civil de manera solidaria en el año 2019.

Según la fiscalía, a través del direccionamiento de contrataciones y el tráfico de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Junín se habría podido concretar el apoyo económico a Perú Libre para sus campañas electorales en 2020 y 2021.

Por ello, se solicitó la reparación civil solidaria de S/ 850 mil porque se estima que Cerrón sería el cabecilla de la red criminal denominada ‘Los Dinámicos del Centro’.

PATRIMONIO

El viernes último, la Fiscalía realizó allanamientos en dos inmuebles, ubicados en Huancayo y Breña, que aparentemente le correspondían a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción, quien protestó contra tal medida. El motivo de ambas diligencias se debe a hallazgos reveladores que podrían complicar al también líder del partido Perú Libre.

Según el diario El Comercio, el fiscal de lavado de activos, Richard Rojas Gómez, solicitó los allanamientos ante el juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, debido a que figuraba el “crecimiento inusual” del patrimonio del secretario general del partido del lápiz. Especifican que Cerrón presentó su declaración jurada por el monto de S/69.457 a inicios de 2013, pero al final de aquel de año reportó que ahora S/680.400 en bienes.

Vladimir Cerrón: Ministerio Público y la Policía allanan su vivienda en Huancayo. | Video: Canal N

En esa línea se indica, además, que Cerrón registra una serie de movimientos bancarios calificados por la fiscalía como sospechosos. Por ejemplo, se informa que en octubre de 2017, el exgobernador regional de Junín abrió una cuenta de ahorros en el banco BBVA con el monto de S/212.000, de los cuales S/170.293 fueron depositados en efectivo y tendrían origen desconocido. En diciembre de aquel año también depositó otra suma por S/602.800 a una cuenta de plazo fijo.

RECHAZO

Vladimir Cerrón cuestionó la medida. Fiscalía allana por segunda vez mi domicilio en ausencia de sus propietarios y una oficina de la que no soy dueño y ellos lo saben porque los propietarios se lo demostraron así en el primer allanamiento. Un abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente”, expresó en su cuenta de Twitter.

De igual manera, la bancada de Perú Libre también expresó su rechazo a la disposición judicial y lo consideró como un “abuso de autoridad” contra el líder de su partido ya que, resaltaron, es la segunda vez que allanan esa vivienda “sin la presencia de los propietarios ni abogados”.

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