Especialista plantea usar IA como apoyo informativo y no para resolver casos en procesos de arbitraje

La inteligencia artificial tiene cabida en los procesos de arbitraje, pero con un rol acotado: el de herramienta informativa, no el de instancia decisoria. Así lo planteó el doctor Ángel Romero Díaz, director del centro de arbitraje CEAR Latinoamericano, en declaraciones recogidas por Andina Noticias, la agencia oficial de noticias del Perú.

“En los procesos de arbitraje se debe utilizar la IA a manera de información, no de solución”, precisó Romero Díaz. Para el especialista, la solución a los conflictos la brinda el árbitro “con su bagaje de conocimientos, con el aporte de las pruebas de las partes, con el conocimiento del derecho y con la imparcialidad que el caso amerita”.

La postura del director de CEAR Latinoamericano llega en un momento en que los organismos reguladores del sector estudian las condiciones bajo las cuales la IA podría integrarse de manera formal a los procesos arbitrales. A nivel legislativo, según informó el citado medio, se analizan los marcos normativos que delimitarían su uso.

Tecnología y calidad

Más allá del debate sobre el alcance de la IA, Romero Díaz subrayó que todos los centros de arbitraje tienen la obligación de contar con capacidad informática. Esa exigencia proviene del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), que dispuso cambios en infraestructura y servicios con ese fin.

La modernización tecnológica, no obstante, va de la mano con la acreditación institucional. El especialista resaltó que los centros de arbitraje deben trabajar con certificaciones ISO: la ISO 9001 de gestión de calidad, la ISO 37001 antisoborno y la ISO 27001 de seguridad de la información. Además, deben estar registrados en el Sistema de Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (Regaju).

Velocidad y transparencia judicial

Una de las ventajas más notorias del arbitraje frente a la justicia ordinaria es el tiempo. Según explicó Romero Díaz a Andina, un proceso sencillo como un desalojo no baja de tres años de resolución en el Poder Judicial, mientras que los casos más complejos pueden extenderse hasta 20 años. El arbitraje, en cambio, puede emitir un laudo —con equivalencia legal a una sentencia— en un mínimo de seis meses.

“El arbitraje tiene una capacidad de administrar la resolución de conflictos de una manera célere y, sobre todo, transparente e imparcial”, destacó el especialista. Esa diferencia de plazos convierte al mecanismo en una opción de peso para empresas y particulares que buscan resolver disputas patrimoniales derivadas de contratos con cláusulas arbitrales.

La preparación académica del árbitro también incide en la calidad del proceso. Romero Díaz señaló que, en conflictos vinculados a compras del Estado y procesos contencioso-administrativos, el árbitro debe dominar tanto el derecho como la administración pública, condición que lo habilita para “darle calidad académica a lo que se resuelva”.

Arbitraje y Constitución peruana

El sustento legal del arbitraje en el Perú se encuentra en la Constitución Política, que reconoce tres vías para la resolución de conflictos entre personas naturales o jurídicas: el Poder Judicial, el fuero militar y el arbitraje. Este último tiene competencia exclusiva sobre asuntos patrimoniales que se deriven de contratos con cláusulas arbitrales.

Ese reconocimiento constitucional dota al arbitraje de una solidez jurídica que lo posiciona como alternativa real al sistema judicial ordinario, con reglas propias de procedimiento, instancias de control y árbitros especializados según la materia en disputa.