Vladimir Cerrón intentó por todos los medios frenar deslacrado de sus computadoras

El secretario de Perú Libre está siendo investiga por liderar organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”.

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Vladimir Cerrón no quiere que revisen sus computadoras
Vladimir Cerrón no quiere que revisen sus computadoras

Vladimir Cerrón estaría agotando todos los recursos para evitar que sus computadoras sean revisadas por las autoridades. Como se sabe, este martes 17 de noviembre se programó el deslacrado de las tres computadoras del fundador de Perú Libre, orden que el juez John Pillaca dictó.

Como ya lo habían revelado, dos de ellas fueron incautadas en su vivienda en Huancayo y la otra, en el local de su partido, en el distrito de Breña. Además, fueron embargados 14 CD vinculados directamente a él.

Fuentes de El Comercio confirmaron que, efectivamente, el martes se realizaron las copias espejo de los tres equipos de Cerrón, una práctica común que se realiza durante el deslacrado.

Sin embargo, el ex gobernador regional de Junín estaría buscando todas las formas de frenar la diligencia que llevaba suspendida más de dos meses.

Según el informe periodístico, su abogada Claudette Chaptman Rodríguez apeló la decisión del magistrado Pillaca, quien autorizó a la fiscalía “el acceso total” a los equipos.

El documento fue enviado al fiscal Richard Rojas Gómez con el propósito de detener la operación. Ante esto y tras presentar este amparo, el Ministerio Público sostuvo que el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que continuaron con su trabajo.

Según explicó el abogado penalista citado por el Comercio, Mario Amoretti, no existe recurso que pueda paralizar el deslacrado.

“El juzgado ya dio la orden y eso tiene que cumplirse sí o sí. ¿Por qué Cerrón no quiere que se dé el deslacrado? Lógicamente, ahí se van a encontrar pruebas de los delitos que se le imputan”, dijo.

Cabe mencionar que la resolución judicial establece que la diligencia debía llevarse a cabo durante cuatro días, iniciando el martes 16 al viernes 19 de noviembre de manera “indefectible”. En otras palabras, no tendría que existir ningún impedimento para que esta terminara suspendida.

NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera vez que sucede un acto en el que se intenta interrumpir este proceso. La primera vez Cerrón no estuvo presente, sosteniendo que que no podía asistir a la citación porque tenía actividades políticas y viajes pendientes. Ante esto, la fiscalía no pudo proceder sin su presencia a menos que existiera una autorización judicial. Por esta razón, a inicios de octubre, el fiscal Rojas solicitó “la intervención del derecho a la intimidad” de Cerrón. Luego de un mes, la medida fue finalmente aprobada.

MÁS INVESTIGACIÓN

A Vladimir Cerrón se le acusa por malversación de fondos durante su primera gestión como Gobernador Regional de Junín. Es investigado por la “desviación” de 2′880,088 soles, dinero que estaba direccionado para el proyecto Reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro, que fue impulsado por el gobernador que le precedió. Sin embargo, esta fuerte cantidad de dinero fue usada para otros propósitos.

Vladimir Cerrón y otros siete funcionarios, entre gerentes regionales y subgerentes, son acusados por este delito, al usarse dicho dinero para otras nueve obras y programas sociales, contraviniendo la Ley de General de Sistema Nacional de Presupuesto y afectando el otro proyecto que seguía en curso.

“La disposición del presupuesto se efectuó, pese a que tenían pleno conocimiento que dicho proyecto (reforestación) no se encontraba definitivamente cerrado y, por tanto, sus recursos no eran de libre disponibilidad”, resaltó la fiscal María Huamán en su requerimiento para Perú 21.

PENAS

Para el exgobernador y sus funcionarios de confianza se pidió en aquel entonces 35 meses de prisión (2 años y 11 meses), su inhabilitación de la función pública y al pago de S/100 mil por reparación civil de forma solidaria.

Sin embargo, fuentes de Perú21 precisaron que la Fiscalía Anticorrupción de Junín insistirá en solicitar la máxima pena para ese delito (4 años) para dos de los implicados: Cerrón y su entonces gerente general, Henry López Cantorin.

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