¿Es factible el aumento del sueldo mínimo a 1000 soles y cuáles son sus consecuencias?

Durante la presentación del balance de sus primeros 100 días de gobierno, realizada en Huamanga (Ayacucho), el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que la remuneración mínima vital, que actualmente es de 930 soles, llegará a 1000 soles para diciembre.

“Asimismo, a partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de 1000 soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo”, dijo Castillo.

SUELDO MÍNIMO DE 1000 SOLES

Sin embargo, ¿existe un sustento técnico para un aumento el sueldo mínimo a 1000 soles y cuáles son sus implicancias?

Para el ex ministro de economía Luis Miguel Castilla, esta medida es posible; sin embargo, se presentan dos problemas: uno en el ámbito legal y otro en cuanto a la inconveniencia económica.

“En el tema legal, se supone que cualquier aumento del salario mínimo tiene que darse en acuerdo tripartito, en el marco de la comisión nacional de trabajo. Estoy seguro que los trabajadores y el Estado van a estar de acuerdo, pero los empleadores también tendrían que estarlo”, dijo a Infobae.

“En el aspecto técnico, aumentos en el salario mínimo tienen que reflejar dos cosas: un incremento en el costo de vida y aumentos en la productividad laboral. Lo que tenemos es que sí ha habido aumentos en el costo de vida, pero no aumentos en la productividad laboral”, añadió.

Castilla considera que esto afectaría a un 25% de empresas formales y principalmente a las más pequeñas, “que son las que tienen más dificultades en hacer frente a toda la carga social, impuestos y regulaciones”.

Además, sostiene que una probable consecuencia es una mayor precarización del mercado laboral: “Aumentos salariales no se logran por decreto. Al final van a pagar la consecuencia las empresas más pequeñas que no van a tener otra alternativa que informatizarse”.

En una línea similar, Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explica que los aumentos deben antes discutirse en el consejo nacional del trabajo, el cual está integrado por los trabajadores, empleadores y el Estado.

“El gobierno está caracterizado por tomar este tipo de decisiones de manera unilateral, sin un correcto análisis técnico, ya que este tipo de medidas debería discutirse en el consejo nacional del trabajo”, indica.

Ojeda menciona que el aumento de sueldo genera un incremento en la mano de obra que podría trasladarse al precio final del producto o servicio que se ofrece.

“Es importante analizar que el incremento de 7.5% para las personas que ganan el sueldo mínimo va a generar un encarecimiento en la mano de obra y con este escenario las empresas tendrían que trasladar el incremento del precio al consumidor final”, indica.

El profesor de la UPC también alerta que, con el pago de las gratificaciones, la CTC, más un incremento de sueldo mínimo, y sumado a los 70 soles de subsidio para quienes ganan menos de 2000 soles, las personas tendrían más dinero en su poder y habría un “recalentamiento de la economía”.

“Es posible que la presión inflacionaria sea mayor, y aunque el BCR está haciendo su esfuerzo por controlar la tasa de inflación a través del incremento de tasas de interés, no será suficiente si el Gobierno sigue entregando dinero a la gente con ánimos de tenerlos contentos”, argumenta Ojeda.

SOBRE LA VENTA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL

Por otro lado, respecto a otras medidas anunciadas por el presidente Castillo como la venta del avión presidencial y prohibir que los funcionarios públicos viajen en primera clase, el ex ministro de Economía Luis Castilla consideró que ambos son anuncios demagógicos sin mayor impacto en la economía.

“Son rubros de gastos bastante pequeños en el presupuesto total”, dijo.

El economista sostuvo que el presidente hubiera dado un mejor balance si explicaba cuánto del dinero de los bonos y subsidios entregados llegó efectivamente a personas que realmente lo necesitan.

Finalmente, sobre el anuncio de la conformación de una comisión de alto nivel para iniciar un diálogo directo con las empresas que adeudan al Estado S/ 30,000 millones, consideró que es una forma de politizar el tema.

“Hay mecanismos para resolver los litigios y las controversias entre los contribuyentes y la Sunat. Lo que eso hace es politizar. (Para eso) está el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. (...) Un diálogo directo es un diálogo de intimidación y chantaje que no es compatible con un Estado de derecho”, acotó.

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