La Fiscalía de Hungría pidió al Parlamento suspender la inmunidad del primer ministro Péter Magyar y de dos ex ministros del gobierno de Viktor Orbán para avanzar en tres investigaciones penales separadas.
El fiscal general interino, István Lajtar, presentó el martes las solicitudes contra Magyar, Balázs Hankó y Miklós Seszták, todos miembros del Parlamento. Los pedidos abrieron un proceso legislativo que deberá resolver si los tres dirigentes pierden la protección parlamentaria mientras continúan las investigaciones.
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La medida afectó al primer ministro en una causa por presunto hurto vinculada con un incidente ocurrido en 2024 en un club nocturno de Budapest. Los fiscales sostuvieron que Magyar tomó el teléfono móvil de un hombre que lo filmaba durante una discusión y luego lo arrojó al río Danubio.
El episodio ocurrió en la madrugada del 21 de junio de 2024, poco después de las elecciones al Parlamento Europeo. De acuerdo con el expediente policial, un asistente del local grabó a Magyar mientras bailaba con varias mujeres. El entonces eurodiputado objetó la filmación, discutió con el hombre y tomó el dispositivo de su mano.
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Los guardias de seguridad retiraron a Magyar del club, y otras imágenes lo mostraron más tarde cerca de la ribera del Danubio. La Fiscalía indicó que el teléfono, valorado en más de 100.000 forintos, unos 250 euros, volvió a su propietario en funcionamiento tras la intervención policial.
Magyar reconoció que tomó el teléfono, aunque rechazó haberlo arrojado al río. El primer ministro sostuvo que la investigación respondió a una maniobra política y calificó las acusaciones como una farsa.
El caso ya había llegado al Parlamento Europeo, donde Magyar contó con inmunidad como eurodiputado. La cámara rechazó el año pasado una petición para levantar esa protección y permitir el avance de la causa. Tras su llegada al Gobierno, el asunto pasó al ámbito parlamentario húngaro.
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La segunda solicitud apuntó contra Balázs Hankó, legislador del partido Fidesz y exministro de Cultura e Innovación durante el gobierno de Viktor Orbán. La Fiscalía lo investigó por el presunto desvío de 47 millones de euros de fondos públicos.
Según la acusación, ese dinero se destinó a financiar actividades vinculadas con la campaña parlamentaria de 2026 y a favorecer a otras personas. La causa se concentró en el uso de recursos estatales durante los últimos meses del anterior gobierno.
En julio, los investigadores incautaron servidores de Fidesz en relación con ese expediente. Orbán respondió que la pesquisa buscaba volver al partido inviable desde el punto de vista legal y cuestionó el alcance de las actuaciones contra su fuerza política.
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El tercer pedido de levantamiento de inmunidad alcanzó a Miklós Seszták, diputado del Partido Popular Demócrata Cristiano, aliado de Fidesz. Seszták ocupó el Ministerio de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, durante el gobierno de Orbán.
La causa contra Seszták se relacionó con la compra de autobuses usados a precios supuestamente superiores a los del mercado. Los fiscales investigaron si el exministro recibió sobornos por varios millones de euros en conexión con esas operaciones.
Las tres solicitudes pusieron bajo presión judicial a figuras situadas en lados opuestos de la política húngara, entre ellas el jefe de Gobierno que llegó al poder tras derrotar a la estructura política construida por Orbán durante 16 años.
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Las peticiones de la Fiscalía deberán pasar por el Parlamento, donde el partido Tisza, encabezado por Magyar, dispone de una mayoría de dos tercios. La decisión determinará si los investigadores podrán avanzar con medidas penales contra el primer ministro y los dos exfuncionarios.
El trámite coincidió con una disputa institucional por la designación del próximo fiscal general. El presidente András Baka propuso el lunes al fiscal especializado en delitos informáticos Zoltán Szathmáry para ocupar el cargo.
Magyar anunció el martes que los legisladores de Tisza resolvieron por unanimidad rechazar esa candidatura. El primer ministro cuestionó la capacidad de Szathmáry para recuperar la confianza pública en el Ministerio Público y asegurar la independencia de la institución.
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Baka mantuvo su respaldo al candidato y no retiró la nominación. La votación parlamentaria adquirió relevancia porque el nuevo fiscal general deberá conducir el organismo responsable de las causas contra dirigentes políticos, funcionarios y legisladores.
El anterior fiscal general dejó el puesto en julio, luego de recibir presiones del nuevo Gobierno. Magyar promovió la salida de funcionarios designados durante la administración de Orbán, mientras su partido preparó cambios en organismos estatales que habían quedado bajo control de la anterior mayoría.
(Con información de AFP)
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