Un grupo de migrantes se enfrentó con la policía de Grecia para intentar huir de un centro de internamiento: hay 17 detenidos

La policía griega detuvo a 17 migrantes tras los disturbios registrados la noche del sábado en el centro de internamiento de Sintiki, en la región de Serres, norte del país, informó este domingo la televisión pública ERT, la televisión pública griega. Los enfrentamientos dejaron además cinco heridos y provocaron daños considerables en las instalaciones, que albergan a cerca de 500 personas pendientes de expulsión.

El estallido comenzó alrededor de las 21.00, hora local, del sábado (18.00 GMT), cuando un grupo de internos empezó a lanzar piedras y otros objetos contra los agentes presentes en el recinto. La revuelta se prolongó durante tres horas y afectó a cámaras de seguridad, equipos contra incendios y varios vehículos oficiales, además de causar daños estructurales en parte del edificio.

Para contener la situación, la policía movilizó un dispositivo amplio que incluyó una unidad antidisturbios, ambulancias y un camión de bomberos. Según informó la agencia AP, los efectivos policiales recurrieron a granadas aturdidoras para dispersar a los amotinados, un extremo que no recoge la versión difundida por ERT y que ilustra la intensidad de la respuesta oficial ante un episodio que se extendió hasta la madrugada del domingo.

Durante los disturbios, un grupo de internos logró levantar y cortar parte de la valla exterior del centro, lo que permitió que algunas personas escaparan del recinto. La policía detuvo a 3 migrantes dentro de las instalaciones y a otros 14 en las inmediaciones, mientras continúa verificando si hay más personas que hayan logrado huir. Según AP, las autoridades seguían buscando este domingo a un número indeterminado de fugados, cifrado por fuentes policiales en torno a 20. Los 17 detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía.

Los cinco heridos fueron trasladados a un centro médico cercano. Tres de ellos ya recibieron el alta y regresaron al centro, mientras que los dos restantes permanecen hospitalizados bajo custodia policial. Las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones ni las circunstancias exactas en que se produjeron.

El centro de Sintiki, ubicado a pocos kilómetros de la frontera búlgara, funciona como instalación de internamiento temporal para migrantes en proceso de expulsión o a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, un trámite que en Grecia puede prolongarse durante meses. El país constituye una de las principales puertas de entrada irregular a la Unión Europea, con dos rutas migratorias diferenciadas: la marítima, desde Turquía hacia las islas del Egeo, y la terrestre, a través de la región de Tracia y la frontera norte compartida con Bulgaria.

El incidente se produce en un momento de notable endurecimiento de la política migratoria griega. El Gobierno conservador ha impulsado en los últimos meses un nuevo marco normativo que introduce un procedimiento obligatorio de filtrado —o cribado— en un plazo máximo de siete días desde la llegada, así como mecanismos de urgencia que limitan a 12 semanas la resolución de solicitudes y la ejecución de retornos, autorizando la retención de personas en centros cerrados próximos a la frontera durante ese periodo. El ministro de Migración y Asilo, Zafiris (Thanos) Plevris, ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar los controles fronterizos y acelerar las devoluciones a países de origen o terceros países considerados seguros.

Este tipo de incidentes no es infrecuente en instalaciones europeas con altos niveles de hacinamiento y procedimientos administrativos prolongados, como han mostrado episodios similares registrados este año en centros de acogida de Chipre. La combinación de plazos de tramitación extensos, condiciones de reclusión y la incertidumbre sobre el resultado de los expedientes de asilo constituye, según organizaciones humanitarias, un factor recurrente de tensión en este tipo de centros.

La gestión del episodio de Sintiki pondrá a prueba la capacidad del Gobierno griego para sostener simultáneamente el discurso de mano dura frente a la migración irregular y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos exigidos por la Unión Europea, en un contexto en el que Atenas reclama a Bruselas mayor corresponsabilidad en la gestión de las devoluciones.