
Cinco días después de que dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieran el norte de Venezuela en cuestión de minutos, el lunes amaneció con una nueva réplica de 4,6 grados con epicentro al norte de Caracas. El balance oficial, anunciado por Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional—, ascendía a 1.719 muertos, 5.034 heridos y 15.866 personas sin hogar. La cifra convierte al sismo del 24 de junio en el más letal registrado en el país en más de un siglo.
Según las autoridades venezolanas, 30 países enviaron más de 1.000 toneladas de suministros, más de 3.600 efectivos de rescate y 118 perros adiestrados para la búsqueda entre escombros. Sin embargo, la mayor parte de esa asistencia se concentró en La Guaira, el estado costero declarado zona de desastre y epicentro de la destrucción. En comunidades más alejadas, los vecinos organizaron su propia supervivencia.
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En El Junquito, zona montañosa a unos 33 kilómetros al oeste de Caracas, los habitantes relataron a Reuters que la presencia de funcionarios fue escasa durante los primeros días. Los suministros básicos corrieron a cargo de particulares y agricultores locales. Decenas de familias instalaron carpas en una explanada cercana a edificaciones semi derrumbadas. “Estamos a la espera que den respuestas, que recojan escombros, que hagan las inspecciones, atiendan a la gente realmente afectada”, dijo Keily Ibarra, una vecina de 33 años que encabezó los reclamos ante los funcionarios.

Rodríguez rechazó las críticas y las atribuyó a una campaña de manipulación mediática. Afirmó que el Gobierno habilitó 15 albergues y 50 campamentos provisionales solo en La Guaira, e instó a la población a no hacer caso a “bulos” ni a informaciones que no provinieran de fuentes oficiales. Los cortes eléctricos continuaron obstaculizando el lunes la reactivación de una refinería y otras instalaciones industriales, aunque la empresa estatal PDVSA descartó escasez de combustible, según fuentes del sector citadas por Reuters.
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Entre los episodios más graves del desastre figura el derrumbe del Hotel Santuario La Llanada, en Maiquetía, donde fueron alojados 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos que habían aterrizado horas antes del sismo. El grupo, integrado por 120 hombres, 19 mujeres y siete niños llegados en el vuelo 164 desde Texas, quedó atrapado cuando el edificio colapsó. Según testimonios de sobrevivientes y familiares recogidos por El País, solo 12 personas fueron rescatadas con vida, aunque las autoridades no confirmaron esa cifra. Familiares denunciaron que las puertas no se abrieron a tiempo para evacuar, señalando al Sebin, que custodiaba a los repatriados.
Un alto funcionario de Washington confirmó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y la desaparición de otros 12. El Departamento de Estado atendió más de 300 consultas de norteamericanos que buscaban información sobre sus familiares. Colombia reportó provisionalmente 24 nacionales fallecidos y España confirmó 17 muertos y cerca de 150 desaparecidos.
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Entre las pocas noticias alentadoras destacó el rescate de Aaron Levi, de 21 años, extraído con vida en La Guaira tras 106 horas bajo los escombros, en una operación de 43 horas coordinada por equipos de Venezuela, México y El Salvador. Con la “ventana dorada” de 72 horas para hallar supervivientes ya superada, las esperanzas de nuevos rescates se reducen con cada hora que pasa. Venezuela arrastra una crisis política y económica que deterioró su capacidad de gestión de emergencias; lo que ocurra con los miles de damnificados aún sin albergue definirá, en buena medida, el juicio sobre cómo el régimen de Maduro respondió a la peor catástrofe natural del país en generaciones.
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