La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció este miércoles un plan para endurecer su política sobre infraestructura digital estratégica: busca prohibir la conexión de cables submarinos que utilicen tecnología o componentes fabricados por empresas chinas. La medida apunta a reforzar la seguridad nacional frente a lo que las autoridades describen como amenazas cibernéticas y físicas provenientes de actores estatales extranjeros.
Brendan Carr, presidente de la FCC, subrayó que los cables submarinos han sido blanco de agresiones por parte de “adversarios extranjeros, como China”, y advirtió que esta infraestructura crítica es vulnerable a amenazas tanto cibernéticas como físicas.
El trasfondo es que estos tendidos albergan actualmente más del 99 % del tráfico internacional de internet. Hace años que Washington advierte sobre la posibilidad de que China, a través del control o manipulación de estos enlaces, obtenga ventajas de espionaje o represalias tecnológicas.
Desde 2020, la FCC ya ha cancelado cuatro proyectos de cables submarinos propuestos por empresas que buscaban conectar EEUU con Hong Kong. El factor determinante: la posible injerencia de Beijing en la operación o mantenimiento de esos enlaces.
En 2024, la FCC comenzó una revisión interministerial —en un esfuerzo conjunto denominado “Team Telecom”— para reforzar la regulación de los cables submarinos, un proceso que no se modernizaba desde el año 2001.
Ahora, en el marco de un nuevo proceso formal de normas, la FCC propone vetar cualquier equipo o servicio asociado a compañías incluidas en su “Covered List”, como Huawei, ZTE, China Telecom y China Mobile.
Expertos en seguridad concuerdan con el enfoque. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) y otros centros de análisis advierten que la gran dependencia de submarinos gestionados por empresas chinas podría convertirse en un vector para espionaje o sabotaje en caso de conflicto.
También existen casos recientes que alimentan esta preocupación. En 2023, Taiwán acusó a embarcaciones chinas de cortar cables que sirven a las islas Matsu; mientras, en el Mar Rojo grupos alineados a los hutíes habrían dañado tres cables de fibra óptica que conectan Europa y Asia.
El voto para formalizar estas normas podría celebrarse antes de fin de año. Expertos del sector de infraestructura han advertido que las nuevas exigencias —como acortamiento de plazos de licencias, auditorías cada tres años y transparencia en propiedad y tecnología usada— podrían alargar los tiempos y encarecer los futuros proyectos submarinos.
Estas exigencias no solo afectarían a China. Se baraja aplicar estándares similares de seguridad a cualquier empresa vinculada a potencias consideradas adversarias, siempre que la cadena de suministro o componentes de los cables lleguen a caer bajo su control.
La repercusión internacional podría ser vasta. Algunos analistas prevén que EEUU impulsará a sus aliados, en particular los del arco Five Eyes (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), a adoptar regulaciones equivalentes. Esto implicaría un rediseño geopolítico de la ruta que hoy recorren los datos globales.
En Bruselas y Tokio ya se han escuchado señales de apoyo. Si bien algunos gobiernos temen un internet fragmentado, muchos coinciden en que la seguridad de los datos exige priorizar redes de proveedores confiables.
Dentro del Congreso estadounidense, la medida ha recibido respaldo bipartidista, en consonancia con legislaciones previas como el Secure Equipment Act de 2021, que prohibió ya la autorización de equipos chinos en redes domésticas.
Al mismo tiempo, críticos advierten que esta estrategia podría tener un impacto económico: el retraso en proyectos submarinos puede encarecer la construcción de redes digitales, afectando la competitividad de empresas estadounidenses frente a rivales globales.
No obstante, la respuesta de EEUU forma parte de una ofensiva tecnológica más amplia. En los últimos meses, la FCC creó un nuevo Consejo para Seguridad Nacional que, además de supervisar estos cables, se encarga de vigilar la cadena de suministro de telecomunicaciones, incluyendo redes 6G, satélites y redes inalámbricas emergentes.
Para Carr, la iniciativa representa un esfuerzo por “ganar la carrera tecnológica frente a la República Popular China” y proteger los pilares esenciales de la economía digital, apoyándose tanto en regulaciones directas como en iniciativas de fomento de alternativas nacionales.
Finalmente, a medida que la FCC evalúa las repercusiones públicas —esperadas tras el anuncio—, la comunidad regulatoria y el mundo digital estarán atentos. La decisión marcará hasta qué punto EEUU delimita una digitalización segura nacional y global, en pleno auge de la confrontación tecnológica.
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