Las autoridades rusas ilegalizaron el lunes a Amnistía Internacional como una “organización indeseable”, una etiqueta que, según una ley de 2015, convierte la participación con esas organizaciones en un delito penal.
La decisión de la fiscalía general de Rusia, anunciada en un comunicado en línea, se suma a la implacable represión contra los críticos del Kremlin, periodistas y activistas que se intensificó a niveles sin precedentes después de que Moscú invadiera Ucrania en febrero de 2022.
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La designación significa que el grupo internacional de derechos humanos debe detener cualquier trabajo en Rusia y somete a enjuiciamiento a aquellos que cooperen con él o lo apoyen, incluso si alguien comparte los reportes de Amnistía Internacional en redes sociales.
“La sede de Londres de Amnistía Internacional es un centro de preparación de planes rusófobos a escala mundial, financiados por los cómplices del régimen de Kiev”, afirmó el fiscal general ruso en un comunicado.
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La fiscalía indicó que la oenegé “ha hecho todo lo posible para intensificar el enfrentamiento militar en la región, justificando los crímenes de los neonazis ucranianos, pidiendo más financiación para ellos y apoyando el aislamiento político y económico” de Rusia.
La lista de Rusia de “organizaciones indeseables” incluye ahora 223 entidades, incluidas destacadas agencias de noticias independientes y grupos de derechos.
Amnistía Internacional fue fundada en 1961. El grupo documenta e informa sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo y hace campaña por la liberación de aquellos que considera injustamente encarcelados. Ha publicado informes sobre la guerra de Rusia en Ucrania, acusando a Moscú de crímenes de lesa humanidad, y se ha pronunciado en contra de la represión del Kremlin contra la disidencia que ha afectado a miles de personas en los últimos años.
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Amnistía Internacional no hizo comentarios de inmediato sobre la medida.
En su página web, la organización califica la ofensiva militar de Rusia en Ucrania como una “guerra de agresión”.
Además, esta oenegé denuncia que en Rusia “los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación están severamente restringidos” y afirma que existe una “persecución arbitraria” de grupos religiosos y organizaciones del colectivo LGBTQ, entre otros.
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Las leyes de la guerra promulgadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, permitieron condenar a 171 personas, a lo que hay que sumar la apertura de casi un centenar de nuevos procesos, señalaba.
En virtud de la ley antiterrorista, fueron abiertos otros 114 expedientes por justificación del terrorismo, muchos de ellos contra personas exclusivamente por expresar sus puntos de vista, añadía.
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El informe recordaba que la Justicia rusa declaró en 2024 agente extranjero a otras 169 organizaciones, medios de comunicación e individuos, mientras 65 grupos fueron declaraciones indeseables.
(con información de AP, EFE y AFP)
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