
El G7 sumó este viernes su condena a la investidura ilegítima de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y pidió una solución “pacífica, democrática y negociada” a la crisis en el país.
En un comunicado, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, denunciaron “la falta de legitimidad democrática de la supuesta toma de posesión” de Maduro y rechazaron su ”continuo y represivo aferramiento al poder, a expensas del pueblo venezolano, que votó por un cambio“.
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Asimismo, el grupo manifestó su intranquilidad ante la represión contra la sociedad civil y la oposición, que tiene lugar en el país desde hace meses y que con las detenciones arbitrarias y “otros abusos civiles” a niños, jóvenes y activistas, deja al descubierto “el persistente desprecio por parte de Maduro a los principios de la gobernanza democrática, el Estado de derecho y los Derechos Humanos”.

Los cancilleres se refirieron especialmente a los casos de María Corina Machado, quien fue secuestrada y liberada la víspera por oficiales del régimen, y Edmundo González Urrutia quien, pese a haber sido electo como legítimo presidente, “se vio obligado a abandonar Venezuela” en septiembre.
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“En una democracia, ningún dirigente político debería verse obligado a buscar refugio fuera de su patria. Este hecho inaceptable subraya la urgente necesidad de un entorno en Venezuela en el que el compromiso democrático pueda florecer sin temor a represalias”, indicaron.
Toda esta situación, sumaron los miembros del G7, amenazan la estabilidad y prosperidad en la región y los países vecinos, y deriva en una aguda crisis humanitaria que obliga a los venezolanos a huir de su país “en busca de mejores condiciones de vida y seguridad”.
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Es por ello que, nuevamente, el bloque pidió de forma urgente “una solución pacífica, democrática, negociada y liderada por Venezuela”, que pueda poner fin a este escenario.
“Seguimos comprometidos a trabajar con los venezolanos y la comunidad internacional para garantizar que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las elecciones de julio, y que se establezca un proceso de transición pacífica al poder”, concluyeron los cancilleres en el comunicado.
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Previamente, este viernes, en el contexto de la investidura fraudulenta de Maduro, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos reforzaron sus sanciones contra el chavismo y denunciaron la carencia de legitimidad del acto.
En el caso de Londres, sumó a 15 funcionarios venezolanos a su lista, mientras que Ottawa incorporó a 14 que han apoyado directa o indirectamente las violaciones a los derechos humanos que se producen en el país. Washington, por su parte, elevó las recompensas ofrecidas por los principales líderes del régimen y extendió sus castigos en materia financiera, incluido el sector petrolero.
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Así, subió a 25 millones de dólares la oferta por información relacionada con Maduro y su ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello, y sumó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por quien ofreció 15 millones de dólares.
“Estas medidas buscan comprometer a los responsables y reforzar la transición democrática en Venezuela”, aseguró el Departamento de Estado.
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