El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, celebró este miércoles la aprobación de la ley que legaliza el aborto en Argentina, que permite acceder libremente a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de la gestación.
El proyecto legislativo fue respaldado por el Senado, tras ser aprobado anteriormente por los diputados, y fue impulsado por el gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández. La legalización del aborto fue una demanda histórica de los grupos feministas.
“Argentina es hoy una nación más feminista”, señaló Sánchez a través de su cuenta de Twitter, y subrayó que se trata de “una demanda social que, tras varios años de lucha, es ley”.
“Avanzar en derechos para las mujeres hasta alcanzar la plena igualdad es imprescindible en todo el mundo”, añadió el gobernante español.
La ley fue aprobada con el voto positivo de 38 senadores, contra 29 negativos y una abstención, tras una sesión de 12 horas de debate parlamentario, durante el cual miles de personas, a favor y en contra, se concentraron a las afueras del Congreso argentino a la espera del resultado.
El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual -en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida- y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.
La sanción definitiva del proyecto representa un éxito para el presidente Fernández tras un difícil 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de salir de la grave recesión que arrastra el país desde 2018.
En España, la ley vigente permite el aborto libre como un derecho hasta la semana 14 de embarazo, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
Fue aprobada por el Parlamento español en 2010, cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
CON INFORMACIÓN DE EFE
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