Autoridades alemanas libraron este lunes órdenes de arresto internacionales contra los socios de Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro de la investigación periodística global conocida como Panamá Papers.
Según reportó Süddeutsche Zeitung -medio que recibió la información a partir de la que se llevó a cabo la investigación mencionada- la fiscalía de la ciudad de Colonia confirmó “la existencia de dos órdenes de arresto internacionales”, pero no especificó sus destinatarios.
No obstante, el medio confirmó de manera independiente que estas corresponden al alemán Jürgen Mossack y su socio panameño Ramón Fonseca. No obstante, pese a que también estarían siendo investigados por el FBI estadounidense, las chances de que sean arrestados como consecuencia de la orden alemana no son altas: ambos cuentan con ciudadanía panameña, y el país no realiza extradiciones.
Mossack y Fonseca habían sido detenidos en febrero de 2017 en relación a un escándalo que se desprendió de los documentos filtrados: el Lava Jato brasileño. En ese entonces, ambos pasaron aproximadamente dos meses en prisión preventiva, acusados de blanqueo de capitales.
“Mossack Fonseca proveyó servicios para la apertura de sociedades offshore y al menos cuatro agentes se vieron involucrados en un esquema de lavado de dinero”, indicó el juez de la causa a la hora de justificar su decisión.
El bufete indicó por su parte que la oficina brasileña -la implicada en el escándalo- era una “franquicia” y no reportaba a la sede central de Panamá. En abril del mismo año fueron liberados tras pagar una fianza. Desde entonces no pueden salir del país sin autorización judicial mientras continúa la investigación.
No obstante, sus nombres quedaron asociados de manera indeleble a los negocios offshore en abril de 2016, cuando la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) expuso a la luz los servicios de esta naturaleza brindados a políticos, empresarios, deportistas y celebrities internacionales.
Los Panamá Papers estuvieron basados en la filtración de 11,5 millones de documentos internos del bufete panameño. Fue la más grande en la historia del periodismo y la de mayor impacto a nivel mundial. Los archivos incluyeron correos electrónicos, listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades offshore intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes durante 40 años.
La información incluyó datos de cuentas bancarias y de 214.488 empresas offshore conectadas con más de 200 países. Hasta las primeras revelaciones periodísticas, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales -por su baja o nula tributación y el anonimato de sus dueños- se mantenían ocultas.
Si bien su constitución es legal, venían siendo utilizadas desde hacía décadas para evadir impuestos o esconder bienes en un divorcio, y en el peor de los casos, lavar o ocultar dinero proveniente del crimen organizado.
Políticos, empresarios y abogados fueron acusados ante la Justicia y en varios casos, como en Panamá, Ecuador y Bulgaria, incluso detenidos. El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció por sus lazos ocultos con los bancos del país. La misma decisión tomó el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Las revelaciones también provocaron un paso al costado de varios ministros, como el de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria.
Según indicó Süddeutsche Zeitung, las autoridades judiciales alemanas esperan que Mossack acepte someterse a un juicio en el país. Su avanzada edad -72 años- y la posibilidad de llegar a un acuerdo podrían evitarle una sentencia más larga, además de un posible proceso en Estados Unidos.
La magnitud del escándalo tuvo como consecuencia una mirada mucho más crítica por parte de la opinión pública sobre el uso de empresas offshore por parte de figuras globales. También derivó en un endurecimiento de legislación relacionada en Europa.
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