Siete partidos belgas alcanzaron un principio de acuerdo sobre el contenido de un pacto para una coalición de Gobierno que ayude al país a terminar con su mayor récord de tiempo sin un Ejecutivo en funciones plenas, aunque aún deberán concertar el reparto de ministerios y la designación del primer ministro.
Las siete formaciones, provenientes de cuatro ramas políticas (socialistas, liberales y ecologistas tanto flamencos como francófonos, más los democristianos flamencos), lograron avanzar en las negociaciones para intentar dotar al país de un nuevo Gobierno mañana 1 de octubre, cuando concluye, en principio, el mandato de la actual primera ministra en funciones, la liberal francófona Sophie Wilmès.
Según la agencia Belga, el pacto de Gobierno incluye 3.300 millones de euros para nuevas políticas, 1.000 millones para inversiones y un aumento del gasto en salud del 2,5 % por año.
Ahora, los presidentes de los siete partidos se encuentran en proceso de discusión sobre el reparto de cargos y, en especial, sobre quién será el nuevo primer ministro, que en teoría debería recaer en uno de los dos que han encabezado las negociaciones: el socialista francófono del PS Paul Magnette o el liberal flamenco Alexander De Croo (Open Vld).
Para mañana jueves se ha incluido en el orden del día del Parlamento una declaración gubernamental y, si los partidos logran acordar el nombre del jefe del Ejecutivo hoy, podrán celebrar por la tarde europea sus congresos de participación.
Como indica la Constitución del país, el Consejo de Ministros deberá mantener un equilibrio entre flamencos y francófonos.
No participa en las negociaciones de la coalición de Gobierno el partido que ganó las elecciones de mayo de 2019, los soberanistas flamencos de la N-VA, el partido más votado en Flandes (región norte) seguido de la extrema derecha del Vlaams Belang.
Bélgica lleva con un Ejecutivo en funciones desde diciembre de 2018, desde la renuncia del liberal francófono Charles Michel, actual presidente del Consejo Europeo, precisamente por la marcha de la coalición gubernamental de la N-VA por su oposición a que Bélgica se comprometiera con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU.
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