
La Fiscalía del Tribunal Supremo español acordó este lunes investigar la construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades de Medina y La Meca, liderada por empresas españolas, al comprobar que una de las personas involucradas en posibles irregularidades sería el rey Juan Carlos, aforado ante ese tribunal.
La investigación se centrará en “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, según ha informado el ministerio público.
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La Fiscalía Anticorrupción española ya interrogó en septiembre del año pasado a la empresaria alemana Corinna Larsen, con quien el rey mantuvo una relación extramatrimonial, dentro de la investigación por un presunto pago de comisiones ilegales en la construcción del tren AVE a La Meca, en Arabia Saudita.
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su ex amante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.
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“Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales cometido por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional”, había señalado entonces la fiscalía.

Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática de España, el legado del monarca (1975-2014) se ve enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo.
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Recientemente aparecieron varias informaciones de prensa que llevaron a su hijo y heredero, Felipe VI, a retirarle la asignación de la Casa Real y que, según medios españoles, ascendía a más de 194.000 euros anuales (unos 219.000 dólares).
El diario suizo Tribune de Gèneve publicó a principios de marzo que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña.
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En la prensa española se ha especulado con dos hipótesis: una, que ese millonario regalo fuera para agradecer “el blanqueamiento” por parte del jefe de estado español de un régimen dictatorial como el de Arabia Saudita (con quien siempre tuvo una estrecha relación), y dos, que en realidad ese dinero fuera la mordida por facilitar el megaproyecto del tren de alta velocidad AVE a la Meca.
A mediados de ese mes, el británico The Daily Telegraph indicó que Felipe VI era también beneficiario de esa fundación. La Casa Real aseguró que el monarca pidió a Juan Carlos dejar sin efecto esa designación como beneficiario y renunció a cualquier herencia de su progenitor.
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