
El artículo 155 de la Constitución prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso, podría ser usado para decretar un estado de emergencia en la región.
"Es una cláusula de salvaguarda del Estado de derecho", le dijo a BBC Mundo José Carlos Cano Montejano, profesor de derecho constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
El artículo 155 le daría poder al Gobierno central para adoptar "las medidas necesarias" para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
Ofrece "un marco de discrecionalidad amplio", cuya aplicación y alcance dependerían de la interpretación que haga el Gobierno español.
Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación está sujeta a la aprobación, "por mayoría absoluta del Senado", según dice el propio artículo.

Rajoy le ordenó formalmente al presidente de Cataluña que dé marcha atrás en su "rebeldía constitucional". De no cumplirse ese pedido, el gobierno español tendría que convocar al Senado y preparar el orden del día. Eso podría tomar una semana, señala el experto consultado por el medio británico.
Así, el Senado puede activar en cualquier momento la tramitación del artículo 155 de la Constitución, que permite actuar contra una comunidad autónoma que no cumpla la ley.
El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que al tratarse de una potestad del Ejecutivo, la Cámara Alta "no tiene ninguna previsión" al respecto, al menos hasta que no reciba una comunicación por parte del Gobierno sobre su pretensión de poner en marcha los mecanismos previstos en el artículo 155.
Si el Ejecutivo optara por aplicar este precepto constitucional hay unos pasos reglamentarios ineludibles que tendrán que cumplirse y que están recogidos en el artículo 189 del Reglamento del Senado.
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