
En días pasados, el diario estadounidense The Washington Post (TWP) publicó un reportaje en el que se hablaba de la destrucción de antigüedades culturales de forma selectiva por parte del gobierno mexicano causada por la construcción del Tren Maya.
Tras cinco días de la publicación, el gobierno mexicano negó que fuera verdad lo reportado por el medio y en cambio aseguró que los reporteros autores del reportaje habían incurrido en una falta de ética y veracidad.
Las precisiones fueron hechas a través de un comunicado compartido por el perfil oficial del Gobierno de México, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El Instituto aseguró que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos le asigna la responsabilidad de investigar, proteger y difundir el patrimonio arqueológico del país, así como mantener la transparencia durante las obras del megaproyecto de AMLO.
Lo anterior, justificaron, se podía ver por la participación constante del director general del INAH Diego Prieto Hernández en las mañaneras de AMLO en donde da parte de las acciones de salvamento arqueológico y de tareas de mejoramiento de zonas arqueológicas, así como la disposición para dar respuesta a medios nacionales e internacionales.

Por lo que destacaron que “el INAH otorgó las facilidades para que TWP atestiguara, de primera mano, la labor de campo que todos los días realizan los especialistas del INAH en este proyecto” dando acceso a los frentes de excavación, investigación, hallazgos y la concesión de entrevistas.
Sin embargo, destacaron que el artículo “sorprende por su falta de ética y veracidad, por incluir datos erróneos, imprecisos o mal interpretados, por utilizar términos equivocados, por falsear declaraciones, por omitir información relevante y, sobre todo, por revelar una posición parcial, tendenciosa y prejuiciada”.
El INAH destacó que el salvamento arqueológico consta de una investigación científica con la que se concilia la protección y la investigación del patrimonio, con las obras y proyectos que se requieren para mejorar la infraestructura con la que cuenta la sociedad.
Finalizó dando una lista de aclaraciones con respecto a la clasificación que se utiliza para el salvamento. Aseguraron que esta corresponde a cuatro:

Categoría 1) corresponde a áreas donde no existen vestigios en superficie, por lo que las obras pueden continuar y solo aplica el acompañamiento arqueológico.
Categoría 2) refiere a vestigios que, por sus características, remiten a contextos que pueden ser registrados y recuperados de inmediato.
Categoría 3) se refiere a bienes inmuebles que, además de ser investigados, serán preservados in situ para que coexistan con la obra de infraestructura
Categoría 4) es aplicable a monumentos de valor arqueológico excepcional, los cuales obligan a modificaciones en el trazo de la línea.
Aclararon también que los hallazgos se han limitado a concentración de tiestos o fragmentos cerámicos, un pequeño cimiento de una casa o un gran templo sobre un basamento piramidal en lugar de las casas y templos que se asegura en el texto.
También desmintió que se estuvieran eliminando antigüedades de forma selectiva refiriendose a ellos como “deconstruido”, pues alegaron que “la excavación arqueológica, por sí misma, es un proceso de deconstrucción controlada, para obtener datos y materiales en las capas de estratigráficas sobre los monumentos intervenidos”.

Destacaron que a la fecha, el INAH ha registrado casi 35 mil monumentos en el área de influencia del Tren Maya, de los cuales ha intervenido, registrado y recuperado información de más de 4 mil 500, los cuales corresponden a aquellos que se encuentran dentro del derecho de vía.
Señalaron igualmente que se han llevado a cabo la conservación in situ de los monumentos y que solo en siete casos se implementaron medidas excepcionales para la reubicación de monumentos.
Igualmente señalaron que se han llevado a cabo reconstrucciones virtuales y que el reportaje se dedicó a desvirtuar y denostar el proyecto.
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