Activistas acusaron atropello del gobierno con la destitución de Elena Burns de Conagua

Elena Burns fue destituida de su cargo como subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pasado 31 de octubre, la noticia fue captada y grabada por colectivos y activistas defensores del agua, mismo que denunciaron que hubo violencia por parte de las autoridades contra la hoy ex funcionaria.

Esto luego de que mediante un comunicado, Conagua asegurara que la destitución se dio “con la finalidad de implementar procesos que aceleren la instrumentación de medidas que contribuyan a abatir los rezagos en materia de concesiones de aguas nacionales”. En otras palabras, con la finalidad de facilitar los procesos de dichas consesiones.

La salida de Elena, quien fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, se dio en términos ásperos, ya que durante la mañana del 31 de octubre se le negó la entrada al edificio sede, hecho que fue difundido vía Twitter.

Cabe señalar que desde antes de su despido, Burns había denunciado la existencia de presiones y “grandes intereses” por la entrega de concesiones a privados respecto al uso de aguas mexicanas en regiones en las que la disponibilidad incluso queda inexistente.

Dentro declaraciones reformadas por La Jornada, también acusó que la Ley de aguas Nacionales fomenta la compra y venta de concesiones, fomentando así la concentración del control de agua en manos de privados, hecho que continúa aumentando sin freno alguno, según acusan colectivos.

Es por ello que organizaciones como Acción Comunitaria Pedregales, Flor y Canto así como16 comunidades emitieron un comunicado conjunto para exigir al gobierno federal “hacer realidad su compromiso con los pueblos indígenas, manteniendo en sus cargos a quienes sí trabajan a favor de las comunidades”.

En el documento señalaron que la ex subdirectora ha sido “una calidad de las comunidades en la búsqueda por garantizar su derecho al agua”.

En este sentido expresaron otras tres peticiones al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador:

-Poner un alto al otorgamiento de concesiones de agua en zonas bajo estrés hídrico, áreas naturales y territorios indígenas sin consentimiento de lo pueblos que lo habitan

-Retomar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas para poner fin “al modelo privatizador”

-Fortalecer al equipo de conagua para detener el proceso de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de las aguas

En este contexto varias organizaciones a nivel nacional, aseguraron tener acercamiento con el equipo de Burns para transparentar las concesiones de agua y garantizar su derecho humano “por encima de la mercantilización”.

En tanto, aseguraron que el comunicado emitido el pasado 31 de octubre por Conagua “deja muy claro que quitar a Burns de su cargo se relaciona con garantizar de manera más eficiente la sostenibilidad del mercado del agua”.

Cabe agregar que de acuerdo con expertos, se ha advertido una grave crisis de agua para 2030. De acuerdo con el Dr. Polioptro Martínez Austria, mismo que emitió una videoconferencia en septiembre de 2020, la escasez, contaminación, conflictos por el agua, deterioro ambiental de cuencas y acuíferos, son los cinco retos que México enfrentará (y ya enfrenta) para garantizar el agua a sus habitantes.

Desde aquel entonces el especialista reiteró que aunque los problemas más graves se relacionan a la gobernanza y la calidad del agua, no hay una reforma hídrica en México seria y profunda que administre el líquido.

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