El debate respecto a la permanencia de la prisión preventiva oficiosa ha reavivado la crítica del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la supuesta corrupción que impera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Bajo ese tenor es que el mandatario reiteró que mantener la medida cautelar previene - por un lado - que “jueces y magistrados corruptos” faciliten las “liberaciones a diestra y siniestra” de personas imputadas por delitos graves (los cuales implican desde feminicidios o secuestro, hasta robo de hidrocarburo o delitos electorales).
De ese modo y para sustentar su postura, el Federativo hará llegar a la Suprema Corte un expediente no sólo con “todos los casos” de ilícitos graves en los que se ignoró la implementación de la prisión preventiva, también con los nombres de jueces y magistrados acusados de cohecho.
Así lo informó Andrés Manuel quien rechazó las peticiones de la prensa para revelar dichas identidades, pues, señaló, iría en contra de su desacuerdo a proclamar “juicios sumarios y linchamientos”.
“Vamos a presentar toda nuestra fundamentación (...) Son muchos casos y muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos humillando. Vamos a cuidar los nombres”, comunicó el tabasqueño, detallando que los archivos también los harían llegar al Consejo de la Judicatura Federal “que no han hecho nada”, sentenció.
Pese a que en esta ocasión no hizo mención del presidente ministro, Arturo Zaldívar, es importante señalarlo como uno de los que Andrés Manuel excluye de sus ácidas críticas al Poder Judicial por considerarlo como “una gente recta que quiere terminar con la corrupción”.
No obstante, la perspectiva de “combate a la corrupción” que AMLO presume compartir con Zaldívar se discrepa cuando de la prisión preventiva oficiosa se trata, pues el Juez se ha desempeñado como un acérrimo crítico de la medida al considerarla como inconvencional. Tanto así que incluso apoyó el debate para determinar si existe o no la inconstitucionalidad de la misma, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.
La postura de la Presidencia
El pasado 24 de agosto, la Presidencia de México emitió un comunicado en el cual exhortaban a la Suprema Corte a no eliminar la prisión preventiva oficiosa, ya que, argumentaron, esto incrementaría la evasión de la justicia.
En ese tenor, expresaron que la medida es implementada para que las o los presuntos responsables de los delitos estipulados en el artículo 19 - el cual se reformó en 2019 - no puedan sustraerse de la justicia durante el proceso penal.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”, se declaró el mismo día que López Obrador fijó por primera ocasión su postura en Palacio Nacional.
Aunado a ello, el Federativo aseguró que esta disposición también garantiza protección a víctimas y testigos, los cuales, advirtió, podrían quedar vulnerables a que los posibles agresores emprendan represalias en su contra.
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