El ejercicio del periodismo en México está vinculado, invariablemente, a una gran diversidad de riesgos y obstáculos a los que las personas que desempeñan esta labor se enfrentan día con día.

La administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido objeto de múltiples críticas debido a las múltiples agresiones registradas en contra de las y los periodistas.

Desde la vulneración a la privacidad de algunos comunicadores hasta el señalamiento público de los medios que acostumbran criticar a su gobierno —en la sección de su conferencia ¿Quién es quién en las mentiras?— la relación que AMLO ha establecido con la prensa ha recibido cuestionamientos desde el mismo gremio, así como desde la sociedad civil y otras figuras de la esfera política.

Esto sin mencionar la violencia que hoy día persiste en contra de las y los periodistas en México, quienes han sufrido la pérdida de 15 colegas en lo que va de este 2022.

En este contexto, el columnista Raymundo Riva Palacio advirtió la posibilidad de que, desde el Congreso, se impongan severas medidas de censura en contra de las y los comunicadores del país.

La “guerra contra medios” impulsada por la 4T

En su más reciente texto para Ejecentral, el periodista Raymundo Riva Palacio vislumbró un panorama aún más complicado para el periodismo mexicano. “La censura de prensa viene de regreso” fue la frase con la que inauguró su columna, en la que detalló la estrategia que la Cuarta Transformación (4T) podría utilizar para acallar a las voces críticas del gobierno.

Bajo esta narrativa, señaló que existe un “ataque coordinado” por AMLO para vulnerar la libertad de prensa, el cual se habría originado de la “furia de López Obrador” por la cobertura mediática de la violencia y las deficiencias en su estrategia de seguridad, la cual ha defendido incansablemente con la frase “abrazos, no balazos”.

“Mentalidades autoritarias con la máscara democrática” fue la manera en la que se refirió a las y los funcionarios que forman parte de esta “guerra contra medios y periodistas”, entre quienes señaló a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de Presidencia.

Adicionalmente, sin mencionar nombres, refirió que a esta estrategia se han sumado “periodistas reconocidos que, subrepticiamente están trabajando para la Presidencia impulsando sus ideas y su proyecto”.

Las principales manifestaciones de la “guerra” contra la prensa que ha incentivado la 4T, señaló el también analista político, son sus “campañas de agresión, difamaciones y linchamientos que realiza a diario”. Esto, sin embargo, no ha logrado vencer a las “trincheras de resistencia”.

La victoria a medias contra la censura

Este lunes 29 de agosto se llevó a cabo un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que fueron aprobadas en 2013 y entraron en vigor en 2017.

Dichas modificaciones a la legislación, según apuntó Riva Palacio, contemplaban cuatro puntos principales:

1. Defensores de audiencias en radio y televisión asignados desde el gobierno. Esto equivaldría a “comisarios políticos” que tomarían las decisiones sobre la información publicada en los medios. Actualmente, mencionó el periodista, estos defensores son nombrados por cada empresa y actúan bajo sus códigos de ética.

2. Los códigos de ética dejarían de ser elaborados por los medios y su construcción pasaría a las manos del gobierno.

3. Se pretendía que hubiera una diferenciación explícita entre contenido informativo y de opinión en toda la programación. Esto, criticó Riva Palacio, expone “la creencia de que las audiencias son imbéciles”, además de que las multas previstas en caso de no acatar la ley podrían ser de hasta el 3% del total de los ingresos anuales de una empresa.

4. Dado lo anterior, el gobierno podría suspender las transmisiones de programas informativos sin ninguna advertencia, pues los parámetros sobre lo que es posible difundir serían establecidos directamente desde Palacio Nacional.

Ante estas disposiciones, la Corte votó de manera unánime a favor de un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar las reformas de 2017 “por violaciones al procedimiento legislativo”.

Esto, sin embargo, sólo representa una victoria parcial para la libertad de prensa, ya que será el Congreso la instancia que decida, de manera definitiva, si se restablecen o no los principios de censura. Es ahí “donde se encuentra la puerta al infierno”, advirtió Riva Palacio, pues la aprobación del proyecto que repone dichas medidas puede ser aprobado con la mayoría simple, cosa que tiene Morena gracias a sus aliados.

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