“Es una tragedia”: las advertencias sobre el decreto de AMLO para militarizar a la Guardia Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dado un nuevo guiño al Ejército al anunciar que presentará un decreto para, de manera oficial, pasar el mando de la Guardia Nacional –hasta ahora en teoría de tinte civil– a la Secretaría de la Defensa. Es decir, los militares se quedarán con el control total de la seguridad del país. No es cualquier gesto: se trata del punto que más adolece a una nación vulnerada desde hace varios años por el crimen organizado. Y por eso el anuncio del mandatario ha despertado varias alertas que consideran esa decisión como una tragedia.

En 2019, recién empezó su gestión, López Obrador hizo el cambio de corporaciones de seguridad, de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Desde un año antes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el caracter civil del cuerpo policiaco. La funcionaria argumentaba, precisamente, lo necesario que era tener a ese sector separado de los soldados, puesto que los primeros velaban por garantizar el bienestar de la ciudadanía, mientras los segundos lo hacían por la soberanía nacional.

El mandatario ha dejado en manos de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) cuestiones como el resguardo de la vacunación contra el COVID-19; la construcción de sus obras insignia, como su nuevo aeropuerto, el Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar; la administración de aduanas en los puertos. Incluso, analistas señalan que la decisión de AMLO es una mera formalidad, puesto que la Guardia Nacional ha sido conformada por mismos soldados.

“En términos de seguridad pública es una tragedia porque está bastante claro y comprobado que el Ejército no puede hacerse cargo de la seguridad pública de un país, porque está diseñado para otras funciones”, advirtió a Infobae Guillermo Valdés, exdirector del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). “Se quiere perpetuar el que sea una institución controlada por los militares y esto es malo para la seguridad pública”.

Valdés Castellanos, quien también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública (2007-2011), hizo hincapié en que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pone firme ahora y decide la inconstitucionalidad del decreto de López Obrador, las consecuencias serán aún más graves para la administración que le siga, pues “va a ser muy dificil para el próximo gobierno negociar con la Sedena esquemas operativos eficaces para solucionar el problema de la seguridad”.

Cabe recordar que la propia ley de la Guardia Nacional establece la pertenencia de esta al ámbito civil. De ahí el reclamo de que se trata de un decreto inconstitucional.

En mismo sentido se pronunció el Dr. Mario Arroyo, quien fue titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, añadiendo que la improvisación de este tipo de decisiones da paso a la delincuencia “para actuar de manera impune sin encontrar una resistencia institucional eficaz”.

Asimismo, el experto en seguridad explicó a Infobae que,de fondo, lo más preocupante es lo que una decisión así significa para la rendición de cuentas de los elementos de seguridad exponiendo que, mientras los policías civiles son juzgados de igual manera que cualquier ciudadano por los delitos o irregularidades que les sean señaladas, los militares tienen su propio fuero.

“Por experiencia en América Latina, al no tener contrapesos ni esquemas de revisión los militares cuando suelen abusar del poder que se les ha otorgado no se pueden llevar a juicio civil, ellos tienen su fuero militar. La ONU ha demostrado que cuando las policías dependen de militares son más proclives a los abusos de derechos humanos”.

Arroyo explicó esa preocupación recordando la naturaleza de ambos órdenes de seguridad: “los militares, en su doctrina ven al otro como enemigo, su objetivo es su eliminación; en el caso de los policías, es la aplicación de la ley”.

López Obrador ha justificado su decisión de sumar los 110 mil elementos de los 260 cuarteles de la Guardia Nacional al Ejército, con la finaalidad de acabar con la corrupción al interior de la corporación policiaca, así como impedir que esta se politice.

No obstante, ambos especialistas coincidieron en que, en términos prácticos, no habrá gran diferencia en la operatividad y eficacia del cuerpo de seguridad.

“Para los ciudadanos no habrá ningún cambio... y para los criminales tampoco, van a poder seguir operando muy tranquilamente en este país”, advirtió Guillermo Valdés, insistiendo en que solo se le dará mucho más poder al Ejército, sucumbiendo ante los grupos interiores que buscan más poder en el manejo de armas, presupuestos públicos y los privilegios que eso conlleva.

Mientras que Mario Arroyo apuntó al alza en los índices delictivos que se han tenido durante el actual sexenio. “No importa quien dirija la seguridad, si es civil o militar, el hecho es que hoy en México la inseguridad está más elevada que nunca”.

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