El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que se esté traicionando el principio con el que fue creada la Guardia Nacional (GN) luego de que anunciara que impulsará una iniciativa de reforma para que esta quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
A la par, defendió el posible “decretazo” que implemetará en caso de que su propuesta sea rechazada por el poder Legislativo, pues aseguró que no se trata de un acto autoritario.
Bajo este contexto, López Obrador expresó que el propósito de la medida que desea implementar es evitar que la Guardia Nacional, que en un principio fue planteada como un organismo con mando civil, se “eche a perder”.
Sin embargo, desde su anuncio, las críticas se han desatado, tanto organismos no gubernamentales como opositores han expresado que al hacer que la GN dependa por completo de la Sedena se agudiza el proceso de militarización de México.
A la par, también se ha señalado como contradictoria la decisión del Jefe del Ejecutivo puesto que en reiteradas ocasiones el propio mandatario condenó al gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por desatar la Guerra contra el Narco, proceso que requirió incrementar la presencia del ejército en las calles.
En respuesta a este señalamiento, el mandatario aseguró que “ahora se respetan los derechos humanos”.
La Amnistía Internacional y la ONU en contra
En contaposición al presidente de México, recientemente la Amnistía Internacional (AI) lamentó el anuncio sobre el acuerdo para que la Guardia Nacional, que nació en 2019 como un cuerpo civil de seguridad, pase a control del Ejército.
“Lamentamos la declaración hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atentando contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetuando el enfoque de militarizar la seguridad pública”, manifestó AI en Twitter, pronunciándose tras el anuncio hecho por el mandatario mexicano.
En tanto, desde el 13 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al gobierno federal la creación de políticas de seguridad pública que beneficien a los mexicanos y no a las corporaciones de seguridad. Con ello, exigió al gobierno no militarizar más al país.
Para cumplir esta misión, el organismo le recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública.
De acuerdo con la ONU las reformas de leyes en materia de seguridad implementadas desde el año 2006, hasta las más recientes, se han caracterizado por primar la militarización del país.
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