La Fiscalía de Tamaulipas firmó una solicitud de liberación para que Juana Alonso Santizo, migrante indígena de Guatemala, pueda ser excarcelada luego de quedar siete años tras las rejas sin saber las motivaciones, haber sufrido tortura y ser acusada de secuestro.
Juanita, como es conocida por organizaciones de la sociedad civil, fue arrestada en Reynosa en noviembre de 2014, a donde llegó para cruzar a Estados Unidos y solo hablando su lengua natal chuuj. Ahora por fin podrá regresar a su país de origen en Centroamérica, tras las vejaciones que padeció en su proceso.
De acuerdo con la fiscalía estatal, se ha realizado una revisión pormenorizada del expediente, además de reuniones con organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares, así como autoridades de Guatemala.
De acuerdo con asociaciones que han acompañado a la migrante, ella esperaba la fecha para cruzar la frontera, pero fue detenida por la Policía Ministerial que la acuso de delitos de secuestro, cuando ella era víctima. Desde entonces permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, sin sentencia.
“Los policías me preguntaron sobre mi participación en el secuestro de dos mujeres migrantes y me forzaron a aceptar que yo era parte de un grupo de polleros, aun cuando no podía entender lo que eso quiere decir,” relató Juanita a la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en México.
Juanita no sabía de qué era acusada, buscaba una vida mejor como millones de migrantes, tras salir de San Mateo Ixtatan Huehuetenango. Sus seres queridos y activistas han sostenido una lucha que esperan, se vea traducida en la libertad de la mujer en las próximas horas.
Juana Alonso Santizo cruzó primero la frontera de Chiapas y desde ahí llegó a Reynosa, según el plan acordado con un contrabandista de migrantes, conocido como pollero o coyote. Durante su recorrido ni siquiera pudo comunicarse con el grupo con que iba, no sabía donde estaba. No hablaba español.
Solo le dijeron que estaba cerca de entrar a Estados Unidos. Debido a los puntos de control fronterizos, algunas personas que buscan una mejor vida o son desplazadas por la violencia se ven forzadas a utilizar rutas peligrosas. Pero eso es un riesgo, porque extorsionan o secuestran a los migrantes.
Cuando llegó a la ciudad de Tamaulipas, Juanita y otras dos mujeres que migraban fueron capturadas por el coyote y otros hombres desconocidos en una casa. Ahí fueron obligadas a trabajar para ellos.
Sin embargo, una de las víctimas pudo llamar a la policía y denunciar a quienes las mantenían privadas de la libertad. Cuando estaban siendo rescatadas, las otras dos mujeres acusaron que Juana Alonso Santizo estaba relacionada con los traficantes. Aprovecharon que no podía entender lo que pasaba.
Entonces, la mujer indígena fue detenida y en su interrogatorio no comprendió qué le preguntaban. Juanita ha dicho que en venganza, los agentes la golpearon y le apuntaron con armas de fuego para amenazarla. Finalmente firmó una declaración que la incriminaba.
No había abogados, intérpretes ni recibió atención médica. Durante la declaración ante el juez fue forzada por el agente del Ministerio Público de Tamaulipas a ratificar lo que estaba escrito. Pero las autoridades nunca investigaron sus denuncias de tortura ni le preguntaron cómo se había culpado.
Su familia pudo contactarla hasta abril de 2018. Pero pasaron cuatro años más para que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador actual de la entidad se pronunciaran para que Juanita fuera liberada.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigió a las autoridades migratorias que no sometan a Juanita a esquemas adicionales de detención y que se le garantice el acceso a un estatus de estancia regular con tarjeta de visitante por razones humanitarias, pues fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.
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